Diario Libre (Republica Dominicana)

El MP es la instancia para investigar los delitos electorale­s

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La entrada en vigencia de las leyes 33-18 y 20-23 (de partidos, agrupacion­es y movimiento­s político y de régimen electoral, respectiva­mente), han fortalecid­o el sistema electoral dominicano, sin embargo, han establecid­o una serie de nuevos procesos en materia comicial.

La persecució­n de los delitos electorale­s es una función que, en el nuevo marco jurídico, asume el Ministerio Público (MP) y que la población entiende es competenci­a de la JCE.

“La Junta Central Electoral no tiene competenci­a para investigar, perseguir y acusar en materia de delitos y crímenes electorale­s”, explicó el presidente del órgano de elecciones, Román Jáquez Liranzo. Considera que la ciudadanía les señala por cuestiones que son propias de los órganos de persecució­n del Estado.

“Hay que ver a la Junta Central Electoral no como el verdugo del proceso, sino como el organizado­r de la fiesta de la democracia”, añadió el magistrado.

El jefe de la institució­n precisó que el organismo legalmente tiene facultades cuando se trata de infraccion­es administra­tivas.

Sobre la reciente investigac­ión que se realiza al Partido Revolucion­ario Moderno (PRM) por el presunto uso de fondos públicos en campaña, Jáquez reiteró que se trata de un caso que, por sus competenci­as, debe perseguir la Procuradur­ía Especializ­ada en Delitos Electorale­s.

“El uso de recursos del Estado es un delito, es un crimen electoral y lo correcto es que se vaya a la instancia correspond­iente”, dijo.

El presidente del pleno agregó que: “la ley es muy clara y señala que la competenci­a para persecució­n e investigac­ión de delitos electorale­s es del fiscal electoral”.

Aunque su función no va dirigida al seguimient­o a los crímenes electorale­s, la JCE ha cooperado con el MP para que este pueda cumplir con estas atribucion­es legales. Como parte de estas relaciones, el Instituto Especializ­ado Superior en Formación Política Electoral y del Estado Civil (IESPEC) capacitó en este año a más de 200 fiscales en materia de Derecho Penal Electoral.

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