El déficit presupuestario ya pesa sobre una creciente deuda pública

El servicio de la deuda sube, limitando el presupuesto para salud, obras públicas y otros

SD. El déficit presupuestario del Sector Público No Financiero (SPNF) del país, que entre 2008 y 2022 -excluyendo el 2020- promedia el 3.0 % del producto interno bruto (PIB), plantea desafíos significativos. Aunque este porcentaje podría considerarse aceptable a nivel global en economías solventes, para la nación resulta preocupante.

La falta de recursos para cubrir todos los gastos anuales y el consecuente endeudamiento para cubrir el déficit impulsan un aumento en el pago de los intereses y la amortización de la deuda estatal, lo que se convierte en una pesada carga para el presupuesto general del Estado, afectando los fondos disponibles para áreas críticas como salud, infraestructuras y otras necesidades esenciales.

Con ingresos consolidados estimados de 1,274,699.5 millones de pesos y gastos por 1,503,947.5 millones para el 2024, el déficit fiscal del SPNF, cuyo financiamiento se traduce en deuda pública, asciende a 229,247.9 millones de pesos, equivalente al 3.1 % del PIB, superando el rango ideal del 1.5 al 2 %. Este nivel del déficit -que excluye el del Banco Centralse considera estructural, debido a que no se produce por factores cíclicos ni por gastos extraordinarios como el que se registró en 2020.

“Prácticamente no hay ningún país del mundo que opere con presupuesto equilibrado y, de hecho, se acepta en términos de política económica y de política macroeconómica, porque la mayoría de los países no pueden cubrir su presupuesto con los ingresos normales que tienen”, observa Nelson Suárez, exsubdirector de la Dirección General de Presupuesto.

Suárez destaca que en el país el problema radica en que los intereses de la deuda se han convertido en una proporción muy alta del presupuesto público. Solo para este 2024, el gobierno tiene presupuestado 263,816.8 millones de pesos para pagar dichos intereses, que representan el 20.7 % de los ingresos y el 17.2 % del presupuesto para gastos consolidados de todo el año.

“Están los 263,816.8 millones de la deuda normal, más 30,881.0 millones que hay que darle al Banco

Central para cubrir su déficit cuasifiscal anual, entonces eso es un problema, con la cuestión de que el servicio de la deuda -que es la suma de los intereses más la amortización- se ha convertido en una carga muy pesada para el presupuesto”, calcula Suárez. Estima que esto compite con el presupuesto de salud y educación juntos.

Para 2024, el Gobierno Central proyecta una amortización de la deuda pública de 88,104.5 millones de pesos, equivalente al 1.2 % del PIB. A esto se suman la disminución de cuentas por pagar (21,281.6 millones de pesos) y el incremento de activos financieros (4,281.9 millones de pesos), resultando en 113,668.1 millones de pesos en aplicaciones

3.0 %

Promedio del déficit presupuestario respecto al PIB entre 2008 y 2022 -excluyendo el 2020-.

financieras para el presupuesto del año.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima que, con 2.8 %, la República Dominicana supera ligeramente el promedio de 2.6 % de América Latina y el Caribe en cuanto al porcentaje que representan los pagos de intereses de la deuda del Gobierno Central en relación con el PIB.

En 2012, estos pagos representaban el 1.9 % del

PIB del país, y 10 años después (2022) subieron al 2.8 %, según la Cepal.

Déficit histórico

Independientemente de la veracidad histórica de que el presidente Rafael L. Trujillo pagó la deuda externa durante su dictadura, después de su ajusticiamiento en 1961 -y específicamente a partir de 1966- en el país se aplicó una política de austeridad que en alguna medida limitó el endeudamiento formal, aunque también se registró un fuerte endeudamiento administrativo o deuda flotante.

Se seguía teniendo financiamiento de organismos internacionales y también se usaba el interno por medio de la creación del dinero, es decir, financiamiento inorgánico. A partir de los inicios de la década de 1990 se rompe paulatinamente con esa costumbre y se empieza a recurrir al financiamiento del presupuesto a través de los ingresos tributarios -mediante reformas tributaria y arancelaria-, y las agencias multilaterales, recuerda Miguel Collado, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees). Evoca que, cuando llega el cambio de siglo en el 2000, se introducen los bonos soberanos y se rompe con el pasado de financiamiento interno.

A partir del 2008, el déficit presupuestario se ha venido incrementando, registrándose en ese año uno fuerte del 3.4 % respecto al PIB, producto de la crisis internacional que tuvo su origen en una crisis crediticia-hipotecaria en los EE. UU., que afectó por varios años las cuentas fiscales dominicanas.

En el análisis histórico del déficit hay que tomar en cuenta que, en el 2015, el gobierno registró un nivel de relativo equilibrio presupuestario con un déficit de apenas el 0.3 % del PIB, gracias a una operación de manejo de pasivos con Venezuela a través de Petrocaribe, con la que se le hizo un descuento de más de 90,000 millones de pesos a su deuda.

Debido a la pandemia del COVID-19 en el 2020, el Gobierno Central alcanzó en ese año un déficit máximo del 7.9 % del PIB al endedudarse en medio de la crisis sanitaria. “Pero al final no tuvimos que gastarlo todo y el gobierno cerró con dinero en el banco”, observa Suárez.

Aunque el gobierno asegura que se ha mejorado el gasto público, Suárez entiende que se puede optimizar en un país donde el clientelismo político está arraigado en su cultura.

Observa que hay casi 60 instituciones descentralizadas que son deficitarias. Sostiene la tesis -aunque los números digan lo contrario- de que el Gobierno Central no tiene tanto déficit en sí mismo, sino en otras ramas como las empresas públicas no financieras.

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