¿Se puede disminuir?, hay una amarga receta

Ni la Constitución ni la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público establecen un tope de déficit ni de financiamiento del presupuesto público, aunque sí la Carta Magna manda a que esta programación se realice en un marco de sostenibilidad fiscal, asegurando que el endeudamiento sea compatible con la capacidad de pago del Estado.

Para reducir el peso que el déficit y su financiamiento tienen en las arcas públicas, el país debe buscar más ingresos, lo que se obtiene con una amarga receta: aumentar las recaudaciones con más impuestos -en una nación cuya presión tributaria es de las más bajas en la región y la evasión es alta- o eliminar exenciones fiscales -que para 2024 suman 340,890.9 millones, siendo 4.6 % del PIB- o una combinación de ambas.

Otra opción es reducir los gastos del gobierno, pero no es viable. El propio ministro de Hacienda, José Manuel -Jochivicente, ha reconocido que, debido a la estrechez fiscal del Estado, el gasto público como porcentaje del PIB es inferior al promedio de Latinoamérica, ubicándose en 18.5 % cuando en la región es del 27.2 %.

Organismos internacionales y analistas económicos locales coinciden en que el próximo gobierno no debe postergar la aplicación de una reforma fiscal. Aunque la administración perremeísta actual hizo un asomo de presentar una propuesta en el 2021, las quejas de sectores en medio de una crisis económica pandémica llevaron a que se engavetara.

De no hacerse una reforma, analistas señalan que se corre el riesgo de que siga aumentado el servicio de la deuda pública hasta que se torne insostenible. A septiembre del 2023, la deuda pública consolidada totalizaba 73,121.4 millones de dólares. A esa fecha, se había incrementado en 7.52 % si se compara con la de un año antes. Solo la del SPNF era de 55,015.2 millones de dólares.

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