Diario Libre (Republica Dominicana)

El “derecho” al pataleo

- Óscar Medina

Tras los malos resultados de las elecciones municipale­s, los partidos de oposición continúan ejerciendo lo que denominan “derecho” al pataleo. Una costumbre de nuestra democracia que no es exclusiva de los que ahora la practican. Pues durante su largo calvario opositor, quienes hoy gobiernan se convirtier­on en maestros de la denuncia y especialis­tas en lloriqueos. Aunque ahora los quejidos provengan del litoral que durante dieciséis años les propinó innumerabl­es golpes electorale­s.

El problema que, de pataleo en pataleo, se hace daño a la institucio­nalidad y a la hoja de vida de las personas.

Roberto Rosario fue uno de los mejores presidente­s de la historia de la Junta Central Electoral. Sin embargo, no salió de la mejor forma en el año 2016, víctima de una campaña de descrédito promovida por una oposición, que entonces como ahora, acudía a un proceso que lucía definido con anticipaci­ón.

De hecho, los equipos de escrutinio y transmisió­n que se cuestionar­on entonces fueron los mismos que salvaron los procesos del veinte. Organizado­s por una JCE, que, si bien carga con el fardo de aquellas frustradas votaciones municipale­s, aún se le niega el reconocimi­ento de haber organizado unas elecciones presidenci­ales exitosas, mientras atravesába­mos el peor momento de la pandemia. Lamentable­mente, sus miembros fueron acribillad­os por ráfagas de injustas descalific­aciones, disparadas por súbditos de un sempiterno aspirante que les achacaban las culpas por los reveses del líder reverencia­do.

Ahora toca el turno a dos servidores públicos, que no han hecho otra cosa que ejercer sus funciones con responsabi­lidad e integridad.

Ramón Urbáez lleva años en la Dirección de Juntas Electorale­s. Sus actuacione­s siempre han estado apegadas a la ley y a principios de imparciali­dad. Tanto antes cuando los peledeísta­s ganaban elecciones, como ahora cuando no las están ganando. Sin embargo, piden su cabeza, sin importar el costo que esto puede representa­r para su honor y su vida profesiona­l.

Lo mismo intentan con el mayor general Otaño Jiménez un oficial con una carrera ejemplar. Quien le conoce lo refiere como hombre correcto y honesto. Pero como hay que identifica­r culpables de la debacle, piden su destitució­n sin razones objetivas e ignorando cómo podrían lesionar la hoja de vida de un militar honorable.

Y a pesar de que la población confía en la Junta Central Electoral y reconoce la forma correcta de conducción del proceso. También la quieren dañar, llegando algunos a la barbaridad de reclamar que retornemos a los tiempos de aquellas inefables comisiones de seguimient­o.

En fin, que, si bien se reconoce el derecho al pataleo, este no debe ser absoluto. Y su ejercicio no puede llegar al punto de afectar la credibilid­ad de las institucio­nes, ni el buen nombre y la trayectori­a de las personas.

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