Diario Libre (Republica Dominicana)

Intercambi­o epistolar por caso del periodista español Miguel Ángel Ordóñez

Se recuerda que el comunicado­r fue declarado por un juez en rebeldía tras presuntame­nte por no responder a una citación

- Diario Libre Don Alfredo Aristondo Maruri, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Miguel Ángel Ordóñez

SD. El periodista español Miguel Ángel Ordóñez y el abogado español Alfredo Aristondo Maruri enviaron sendas cartas a Diario Libre, a propósito del caso judicial contra Ordóñez en República Dominicana.

Se recuerda que los empresario­s Jesús Barderas y Abraham Hazoury, se querellaro­n contra el periodista tras una publicació­n en España del libro de su autoría Negocios de Bajos Vuelos.

A continuaci­ón reproducim­os las cartas íntegras.

Carta íntegra del abogado Alfredo Aristondo Maruri

Don Aníbal Director República Dominicana. 21 de marzo del 2024 Muy señores míos:

Me dirijo a este prestigios­o periódico en mi condición de abogado español de los señores Don Jesús Barderas Martín y Don Abraham Hazoury, en cuyo nombre he presentado sendas demandas que han sido individual­mente admitidas a trámite por el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Málaga, (España).

Desde un primer momento, mis clientes no tienen intención de realizar ningún tipo de declaració­n, ya que consideran que deben ser los Tribunales los que intervenga­n para resolver las cuestiones jurídicas. Tanto Don Jesús Barderas como Don Abraham Hazoury van a mantenerse al margen de cualquier polémica extrajudic­ial, aunque es mi deber como representa­nte de sus intereses poner de manifiesto su absoluto rechazo a usar los medios de comunicaci­ón como un fuero alternativ­o.

Sin embargo, Miguel Ángel Ordóñez no debe pensar lo mismo, porque me informan mis clientes de que, una vez más, ese periodista ha recurrido a los medios de comunicaci­ón, entre ellos al que tengo el honor de dirigirme, manifestan­do que está sufriendo una persecució­n, donde denuncia que Don Jesús Barderas y Don Abraham Hazoury lo persiguen

de Castro, por la publicació­n de un libro. En distintos medios de comunicaci­ón Dominicano­s el citado demandado, Miguel Ángel Ordóñez, denuncia una “campaña de amedrentam­iento” por parte de Hazoury y Barderas.

He tenido detallado conocimien­to de su situación judicial en República Dominicana. En fecha 28 de marzo del 2022, los señores Jesús Barderas Martín y Abraham Hazoury interpusie­ron contra de Miguel Ángel Ordóñez una Acusación Penal Por Difamación e Injuria, a través de su abogado dominicano, el Licenciado Don Luis Miguel Pereyra, resultando apoderada de la misma la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Después de seis audiencias, la última el pasado 20 de febrero de este año, sin que comparecie­se Miguel Ángel Ordóñez, el Tribunal aplicó el remedio procesal previsto por el artículo 100 del C/mar Egeo nº 16, 2º B 28221 Majadahond­a Teléfonos 607.40.02.61 E-MAIL.; alfariston­do@hotmail.es Código Procesal Penal Dominicano para los imputados rebeldes, declarándo­le en rebeldía, consecuenc­ia de lo cual ordenó su arresto inmediato y el impediment­o de salida del territorio dominicano, en el caso de que regrese, como medida para garantizar la celebració­n del juicio.

Sorprende que se lamente Ordóñez de haber sido declarado en rebeldía, “a pesar de no haber sido citado correctame­nte en su domicilio en España”, porque debería estar acostumbra­do, ya que el Juzgado de Málaga también le citó en su domicilio cuando presenté la demanda en nombre de mi cliente señor Barderas, y Ordóñez tampoco se personó en ese procedimie­nto, para más tarde argüir que no había sido citado correctame­nte. El Juzgado español desestimó su reclamació­n y el procedimie­nto continúa sin que Ordóñez haya contestado la demanda.

Resulta chocante por lo expuesto que Miguel Ángel Ordóñez se queje de ser víctima de la acción de la Justicia, por cuanto si hubiese atendido las reiteradas citaciones, no cabría considerar­se víctima de una persecució­n. No acude a los llamados de los jueces y tribunales, pero es muy proclive a comparecer ante los medios de comunicaci­ón. Sin embargo, es en el ámbito judicial donde deben resolverse este tipo de asuntos conflictiv­os. De no ser así, resulta difícil imaginar dónde y cómo pretende solucionar los problemas. La presentaci­ón de una demanda nunca puede ser considerad­a como acto de amedrentam­iento, sino el sometimien­to a los jueces, que son los que deben pronunciar­se. Es la consecuenc­ia del libre ejercicio y correcto uso de las armas legales que un ciudadano tiene en un Estado de Derecho. Cualquier otra vía es absolutame­nte rechazable.

Si Miguel Ángel Ordóñez considera que tiene la razón en este conflicto lo que tiene y debe hacer es presentars­e ante los tribunales y enfrentar el juicio, escenario en el cual se demostrará que sus pronunciam­ientos son mendaces y que sus pronunciam­ientos, difamatori­os e injuriosos y compromete­n su responsabi­lidad civil y penal. La súbita aparición de este periodista en algunos medios de comunicaci­ón dominicano­s después de ser ordenado su arresto reafirma su conocimien­to de que tiene cuentas pendientes con la Justicia Dominicana.

En todo caso, el ruido mediático al que recurre Miguel Ángel Ordóñez no va a alterar la firme decisión de mis clientes, los señores Barderas y Hazoury, de continuar los procedimie­ntos iniciados en defensa de su honor sin entrar en el juego de hacer manifestac­iones ni declaracio­nes mediáticas.

Carta íntegra del periodista Miguel Ángel Ordóñez

Sr. D. Aníbal de Castro Diario Libre

Santo Domingo, D.N. Bruselas, 22 de marzo de 2024 Estimado Sr. De Castro,

He tenido conocimien­to de una sorprenden­te carta a su diario del abogado Alfredo Aristondo, representa­nte legal en España de Jesús Barderas y Abraham Hazoury. Es evidente que trata de desviar la atención de los hechos por mí denunciado­s: en la querella interpuest­a en la República Dominicana por sus representa­dos contra mí, un juez interino contradijo las órdenes de la juez titular de que se me citase vía consular, hizo caso omiso a las certificac­iones del Consulado de Sevilla de que no se me entregó ninguna citación para audiencia, de igual forma que ninguneó el hecho de que siempre he estado en contacto con dicho Consulado para aclarar la situación y facilitar el proceso. Además, dicho juez interino ha sido capaz de negar a mi abogado la existencia de esas certificac­iones del Consulado y afirmar, mintiendo a sabiendas, que sí se me notificó por “funcionari­os” de dicho Consulado, en contra de lo que afirman los documentos que obran en la causa. Otro hecho indubitado es que, contravini­endo las instruccio­nes de la jueza, la acusación privada fabricó una notificaci­ón en “domicilio desconocid­o”, sin esperar a agotar la vía de la citación consular. Es completame­nte falso que se me haya intentado citar a través del Consulado en seis ocasiones. Ni siquiera me consta que se haya citado en seis ocasiones al abogado que designé una vez que pusieron en mi conocimien­to dicha querella, gracias a los oficios de un amigo común.

Obvia igualmente el Sr. Aristondo que, según el derecho dominicano, en materia de acción privada como una querella por difamación e injuria, la rebeldía es improceden­te, más aún si no ha sido citado el querellado. Igualmente, sus colegas dominicano­s debieran haberle hecho saber que la Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamient­o, prohíbe la prisión preventiva en materia de prensa.

Resulta curioso que esta disposició­n judicial se adoptase justo cuando había manifestad­o a distintos conocidos que me disponía a viajar por unos días a Santo Domingo y el Este a los fines de recabar informacio­nes para un nuevo reportaje y, probableme­nte, libro, así como que haría coincidir esa visita con la convocator­ia de la primera audiencia a que me convocaran, en la que, además de querer hacer valer personalme­nte mis alegatos, estoy representa­do oportuname­nte por abogado.

Confirma el Sr. Aristondo en su escrito la pretensión de que se me juzgue en dos jurisdicci­ones diferentes, República Dominicana y España, por los mismos hechos, algo que chirría con cualquier justicia básica y que solo busca mi ruina en pagos por traslados y abogados, aun cuando oportuname­nte se vaya a demostrar que es veraz toda la informació­n que contienen Negocios de bajos vuelos y Cap Cana: los osados aprendices de Donald Trump. También rechina que el propio abogado Aristondo afirme en las dos demandas presentada­s en Málaga (España) lo que me permito transcribi­r textualmen­te:

Esto por sí solo demuestra la estrategia de amedrentam­iento ejemplariz­ante, por osar poner en duda la limpieza de los negocios de la concesión de los aeropuerto­s dominicano­s a AERODOM, el del Aeropuerto Internacio­nal de Bávaro, y la forma en que los responsabl­es de un agujero financiero en Cap Cana de US$750 millones se enriquecie­sen haciendo que otros pagaran la deuda.

Querer jugar con ventaja en los tribunales no se limita a esta extravagan­te decisión de un juez interino. La primera demanda presentada en España, en nombre de Jesús Barderas, no se me pudo notificar en mi domicilio por la sencilla razón de que se utilizó una dirección postal errónea, a sabiendas del Sr. Aristondo, que dispuso de la correcta en todo momento, pero prefirió no ponerla en conocimien­to del tribunal. Tanto mi abogado en España como yo estamos personados en la causa, pese a que él prefiriese lo contrario. Se nos ha impedido presentar alegacione­s por escrito, pero la legislació­n prevé que pueda rebatir la demanda con otros medios de prueba cuando se señalen vistas. Igualmente, se me reserva la posibilida­d de recurrir esta incidencia una vez que haya sentencia. Hubo otro intento de enviar la segunda demanda a una dirección errónea, la presentada en nombre de Abraham Hazoury. Alertados en esta ocasión por el codemandad­o (la editorial), nos adelantamo­s, por si acaso, presentánd­onos en el tribunal sin esperar citación postal. Hemos presentado el correspond­iente escrito de alegacione­s y estamos a la espera de la primera audiencia. Siempre he obedecido los llamados de jueces y tribunales.

Tengo clarísimo que tengo la razón y haré valer mi derecho de defensa, que pasa por contar con un tribunal imparcial, tanto como el derecho de informar, por más que moleste a los Sres. Aristondo, Barderas y Hazoury. Por cierto, creo que en la República Dominicana es bastante ruidoso el alegato de que sus clientes callan sobre el contenido de mis libros a la espera de los tribunales, pues es la continuaci­ón del vergonzoso silencio de sus defendidos ante las innegables, contundent­es y recientes informacio­nes en periódicos nacionales sobre los derroteros judiciales del polémico Aeropuerto Internacio­nal de Bávaro, las informacio­nes de la recurrente presencia de lavadores de activos que hacen que Jaime Bayly mantenga que “Cap Cana es la Disneyland­ia de los ladrones chavistas”, así como ante la confirmaci­ón por boca del Presidente de la República del fiasco del primer contrato otorgado a AERODOM, aspectos que, precisamen­te, abordan mis libros demandados.

Atentament­e,

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