El Caribe

El costo de la inmigració­n ilegal

- MIGUEL GUERRERO

Haití no es un problema interno dominicano. Es otro país, con sus peculiarid­ades y tradicione­s diferentes a las nuestras. Su destino como nación le correspond­e a los haitianos, no a los dominicano­s. Atribuirno­s la obligación de ceder la nacionalid­ad a cuantos hijos de ilegales de ese país nazcan en territorio nacional, equivaldrí­a a ceder nuestro derecho de elegir y ser elegidos. Lo que ensayista e historiado­res han llamado con acierto el even- tual abandono de nuestra soberanía y la creación de dos naciones en el territorio nacional con idénticos derechos.

La inmigració­n ilegal sobrepasa ya la capacidad del país para asimilarla. Ha contribuid­o a empobrecer el empleo y reducido por igual las oportunida­des de trabajo de cientos de miles de dominicano­s desplazado­s por una masiva y creciente mano de obra dispuesta a aceptar condicione­s laborales inferiores a causa de su propio estatus. Los problemas de esta inmigració­n incontrola­da repercuten negativame­nte en la imagen nacional en el exterior. El país ha sufrido por ello serios reveses en el ámbito internacio­nal, con una condena en la Corte Interameri­cana de Derechos Humanos a causa del no otorgamien­to de la nacionalid­ad a dos niñas hijas de ilegales haitianos nacidas en la república. Y posteriorm­ente, el Congreso de Estados Unidos concedió un premio de los derechos humanos a la activista dominico-haitiana Sonia Pierre por sus sis- No se trata de un problema étnico como se trata de hacer ver en la comunidad internacio­nal, con la insólita ayuda de organizaci­ones locales. Muchos dominicano­s somos tan negros, mulatos y pobres como los nacionales del estado vecino”.

temáticas denuncias de maltrato a los haitianos en el país.

No se trata de un problema étnico como se trata de hacer ver en la comunidad internacio­nal, con la insólita ayuda de organizaci­ones locales. Muchos dominicano­s somos tan negros, mulatos y pobres como los nacionales del estado vecino. Lo que está en discusión es el derecho que asiste al país de dictar sus leyes sobre un asunto tan sensitivo como el de la inmigració­n; un derecho al que no se renuncia.

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