Marcha contra la Inequidad Tributaria y la Evasión
“El verdadero riesgo de la economía dominicana no está en la deuda pública, sino en la pobre presión fiscal de un 14.6% frente a un promedio de 23.3% en América Latina.” Esa fue la verdad que entregó el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, a un nutrido grupo de empresarios en el pasado almuerzo de la Cámara Americana. Una verdad irrebatible. Nadie con dos o más neuronas se atrevería a postular que República Dominicana tiene un problema de exceso de gasto público, cuando este apenas alcanza un 17.6% del PIB. En Francia sí, y por eso Macron ha comenzado a rebelarse contra la adicción francesa al gasto público que lo ha trepado a 56.5% del PIB.
El problema dominicano es la baja recaudación, producto fundamentalmente de la elevada evasión y elusión fiscal y el opíparo menú de exenciones que se ofrece a quienes aseguran que sin exenciones morirían de hambre, a otros que advierten que sin ellas quebrarían y a unos cuantos que entienden que estas son vitales para la paz social y la competitividad de la nación.
Es así como hemos creado dos países fiscales dentro de una sola geografía. Uno donde se paga y otro donde predomina la exención. El problema se agrava por la gran evasión y elusión fiscal prevalecientes y la ausencia de movimientos sociales que marchen con camisetas y gorras verdes -pagadas esta vez por la verde DGII y no por impuestos evadidos o exentos-, para protestar contra la impunidad frente a la evasión fiscal. Hay políticos en la cárcel por supuestamente haber incurrido en ilícitos que pudieron haber elevado el gasto público. Pero no hay privados presos, a pesar de que somos el país de la región con la mayor evasión del impuesto sobre la renta de las personas físicas (58.5%) y de las empresas (62.5%) después de Guatemala y Costa Rica, respectivamente, y el líder en la evasión del Itbis (42.9%), ilícitos que reducen los ingresos tributarios, fuerzan la ocurrencia de déficit fiscales y obligan al endeudamiento. A lo anterior se agrega la existencia de la alarmante inequidad existente en la tributación de los sectores económicos y de las fuentes de generación de ingreso.
Con informaciones publicadas por la DGII y otras que nos permitió compartir el Banco Central, procedimos a calcular la presión tributaria por sector económi- co en el 2015. Utilizamos el total de impuestos pagado por cada sector, lo que incluye el impuesto sobre la renta de las empresas y los empleados de dicho sector, los impuestos indirectos que el sector cobra a sus clientes cuando vende bienes y servicios y los aranceles pagados en aduanas por las empresas del sector. Ese valor, publicado por la DGII, es luego dividido por el PIB de ese sector.
¿Qué encontramos? Sencillamente que hay sectores que contribuyen, algunos de manera considerable, y otros que apenas contribuyen con las retenciones de impuesto sobre la renta que hacen a sus empleados. Comunicaciones exhibe una presión tributaria de 71.7%, producto del impuesto sobre la renta de las empresas del sector, las retenciones a sus empleados, el Itbis y los selectivos que pagan los usuarios y los aranceles sobre las importaciones de equipos y materias primas que realizan las empresas. No hay que darle vueltas. Ese sector está contribuyendo más de lo que debería.
Le sigue el comercio con 38.7%. Aunque es un nivel relativamente alto, hay que tener en cuenta que dentro de este se encuentra el subsector de venta de vehículos, con presión tributaria de 77.8%, debido a los considerables aranceles, selectivos e Itbis que paga. En Perú, con un IVA similar al nuestro (18%), la presión tributaria del sector comercio en el 2015 fue de 32.6%, no muy distante de la nuestra.
En tercer lugar aparece la intermediación financiera, con 33.5%. Este es otro sector que parecería estar cargando más peso de lo que le correspondería. En Perú su presión tributaria fue de 22.1% en el 2015.
En el ranking dominicano siguen los sectores Minería con 27.9%, Manufactura Local (exc. Refinación de Petróleo) con 24.6% (Perú 18.3%), Administración Pública con 16.1% (Perú, 3.7%), y Electricidad, Gas y Agua con 13.94% (Perú, 23.3%), todas por encima de la presión tributaria global de 13.5% del 2015.
El problema empieza cuando ingresamos a la geografía donde habitan los privilegiados de la República Exenta. Aquí nos encontramos con presiones tributarias bajas. Hoteles, Bares y Restaurantes aparecen con apenas 7.2%. El grueso de esa tributación lo explica un Itbis diezmado por la aplicación de tarifas hoteleras anormalmente bajas para el pago de impuestos a la DGII, el bajísimo impuesto sobre la renta pagado por las empresas del sector y las igualmente bajas retenciones sobre los salarios pagados a los empleados del sector.
Le siguen Transporte y Almacenamiento con 6.8%; Construcción y Zonas Francas, 2.7% cada uno; Alquiler de Vivienda y Servicios de Salud, 2.3% cada uno; Agropecuaria, 0.8%; y Enseñanza, 0.6%. Las exenciones de Itbis y de impuesto sobre la renta que acompañan a estas actividades, explican en gran parte esta baja contribu- ción impositiva. En Perú, por ejemplo, los sectores Transporte y Construcción operan con presiones tributarias de 12.9% y 16.4%, respectivamente, entre dos y seis veces mayores que las nuestras.
Si no limpiamos el parque de exenciones, que en el 2015 generó un sacrificio fiscal de 6.7% del PIB, esta inequidad tributaria se mantendrá drenando la capacidad recaudatoria del Estado y forzará al Gobierno a seguir sobregravando a sectores que ya no están en condiciones de pagar más y claro, a continuar endeudándose.
Se mantendrá además la marcada in- equidad tributaria que revela el hecho de que mientras en Chile, en el período 20072015, el impuesto sobre la renta pagado por las empresas como porcentaje del excedente bruto de explotación (9.48%) ha sido casi tres veces mayor que el pagado por las personas físicas como porcentajes las remuneraciones (3.59%), aquí han sido prácticamente similares: 2.94% las empresas y 3.00% las personas físicas, a pesar que en el caso de estas últimas la evasión es también rampante, y debería, al igual que sucede con la corrupción, conllevar privación de libertad, aunque merme la asistencia a ambas marchas.