Especialista sugiere auditorías médicas para reducir cesáreas
El experto en Seguridad PROPUESTA. Social, Arismendi Díaz Santana, afirmó ayer que no es necesaria una modificación de la ley 87-01 para regular el tema de las cesáreas en el país como sugiriera el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, sino más bien la realización de auditorías médicas para determinar su pertinencia.
En un artículo de opinión, Díaz Santana, quien asegura haber hecho estudios para varias Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) que arrojan una prevalencia de cesáreas de un 89%, sugiere que sea requerida de una segunda opinión médica antes de optar por la opción quirúrgica.
“Ciertamente, en nuestro país las cesáreas se han convertido en una especie de epidemia pero, no por la Ley 8701, sino por la falta de una política adecuada, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)”, resalta.
Indica que la principal falla es la falta de protocolos claros que establezcan los motivos para los cuales es necesaria una intervención quirúrgica para el parto.
“A pesar del aumento de embarazos complicados después de 2004, la tasa de cesáreas primarias disminuyó anualmente hasta un 20% entre los años 2005-2011 luego de haber puesto en marcha las auditorías de las prácticas médicas”, refiere Díaz Santana.
Ejemplos de éxito Resalta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reseña ejemplos exitosos para reducir el índice de cesáreas, y pone el caso de China, donde un programa educativo para el personal y los pa- cientes, así como las auditorías de las prácticas redujeron la tasa de cesáreas.
“Existen innúmeras evidencias que demuestran la reducción de las cesáreas luego del establecimiento de políticas similares. Fui testigo durante una consultoría para el Instituto Salvadoreño de Seguridad Social (ISSS), a principios de los 90, con excelentes resultados tanto para las embarazadas como para los bebés. La Revista Chilena de Ginecología y Obstetricia señala que “una política hospitalaria de segunda opinión obligatoria, basada en la mejor evidencia científica existente, reduce la tasa de operación cesárea en un 25%, sin incrementar la morbilidad y mortalidad materna y perinatal”, dice Díaz Santana en su artículo.
Asimismo, cita el caso del Hospital de León, en España, donde se aplicó un proyecto nacional de estandarización de indicaciones de cesáreas, poniendo en marcha prácticas menos intervencionistas para garantizar partos más seguros para la madre y el bebé.