Basura y autoridad
LEJOS DE MEJORAR, el vertido de la basura en Duquesa se complica cada vez más a consecuencia de la actitud de una empresa confrontadora de la autoridad y renuente a realizar las labores mínimas para que ese foco de contaminación al menos atenúe su impacto negativo en el Gran Santo Domingo.
No hablamos del cúmulo de basura en la ciudad, que luce generalizado en la mayoría de los sectores, sino del impacto que tiene en la salud pública. No es sólo lo que drena en el río Isabela o en su entorno más cercano, es cómo el aire se torna irrespirable kilómetros a la redonda.
El gobierno nacional, a través de los ministerios de Medio Ambiente y Salud Pública, declaró la emergencia por ese impacto negativo en violación de la ley 64-00 y cautelosamente ha acompañado a los municipios tratando de que el manejo de Duquesa sea decidido por un tribunal, mientras la población sufre el cúmulo de basura y las emisiones contaminantes de Duquesa y la basura acumulada por todas partes.
Mediante una instancia, la alcaldía del municipio de Santo Domingo Norte recurrió ante el Tribunal Superior Administrativo para que decida el destino de la gestión del vertedero. Los entes públicos se han olvidado del conflicto que envuelve los terrenos, que según las informaciones del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) son de su propiedad, pero que mediante algún procedimiento fueron documentados a terceros, quienes los habrían transferido a sus detentadores. Es una zona oscura donde el poder no ha sido consistente para transparentar esa realidad.
La empresa que controla el vertedero, Lajun, fue formalmente acusada por Medio Ambiente de provocar daños en violación a la Ley. Incluso, pidió al Ministerio Público la persecución de su gerente.
En fin, la recolección y disposición final de los desperdicios en el Gran Santo Domingo no tiene solución mientras el interés colectivo no sea privilegiado por encima de los intereses que protegen a los dueños de una empresa que opera al margen de la ley.
La basura continúa como un vital indicador de la pobreza institucional y la debilidad del ejercicio de la autoridad.