La fiscal, las estadísticas y los jueces (i)
Como Sísifo estamos condenados eternamente a subir una roca hasta la cima, para verla despeñarse del otro lado. Nuestra historia es un “eterno retorno”, los mismos males y la procura de las mismas soluciones que no llegan. Al respecto, retomo un artículo publicado en el digital Acento en abril de 2012, que describe un recurrente problema judicial. Lo he dividido en dos entregas y donde diga fiscal, podría leerse: Procurador.
La fiscal del D. N., Yeni Berenice Reynoso, dio unas declaraciones durante un desayuno-conferencia, organizado por Vida FM y Radio ABC con el tema “Acceso a la Justicia, garantía de desarrollo”, a fines del mes de marzo (2012), citando un estudio realizado por la USAID.
Según esta funcionaria el 86% de los dominicanos desconfía y no cree en la justicia debido a “la burocracia del sistema dominicano, la falta de asistencia, los procesos interminables y la falta de servicios de información”. Y que: “cada proceso judicial, llegue o no a un juicio de fondo, le cuesta como promedio al Estado dominicano alrededor de 27.800 pesos (unos 715 dólares)” (7 días.com.do, 30 de marzo 2012).
Debe tener razón en lo relativo a que cerca del 90% de la población ve con malos ojos la justicia penal. Más, la fiscalía del Distrito Nacional es parte importan- te de este problema (habrá que ver si “los estudios” a que hace referencia abarcan la actual gestión), pues –por ejemplo- la política de “cero acuerdos” aun en casos “bagatela” contribuye a llenar el sistema de casos que podríamos llamar “estadísticos” –pues para mí no tienen otra finalidad- haciendo los procesos más largos, por lógica más caros y afectando la credibilidad de la justicia en gran parte de la población.
Ahorraría el Estado mucho dinero si esos casos “de poca monta” son resueltos en la fiscalía, donde quizá se gasten dos o tres hojas para “resolutar” al encartado, economizándonos en promedio 27.800 pesos en cada uno, y este dinero invertirlo, por ejemplo, en “prevención” y “tratamiento”. La funcionaria planteó también que “hay jueces que recurren al argumento de que el Ministerio Público mal instrumenta expedientes para liberar a delincuentes, narcotraficantes y sicarios”, según transcribe la página digi- tal de Diario Libre de fecha 02 de abril, 2012. Agregando luego que “no menos cierto es que hay procesos mal instrumentados por fiscales”.
Y cuando afirma en otra parte, según elCaribe digital (30 de marzo de 2012), tirándole la culpa de la mala imagen de la justicia a los jueces, que existe una mafia en el sistema de justicia, donde “somos iguales ante la ley, pero no ante quienes la aplican”.
Al respecto, decir que cuando un juez libera a alguien usando una mala instrumentación de la fiscalía, insinuando que debe condenar aun sin pruebas contundentes o es un corrupto, es pedir que cambien el Código –o desconocerlo aún másy querer establecer que todo lo que lleve -o no lleve incluso- el fiscal debe ser acogido y fallado por los jueces tal y como estos concluyan, es el populismo penal en su máxima expresión.
El autor es abogado.