Víctimas de abuso demandarán Iglesia
El Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados (ODHGV) anunció que las seis familias que fueron víctimas de violación por parte del sacerdote Alberto Gil en Juncalito, demandarán a la Iglesia católica por RD$100 millones como indemnización.
El vocero de la ODHGV, Juan Alberto Francisco, explicó que las víctimas de aquel caso están siendo acompa- ñadas, a través de asistencia jurídica y psicológica, pero hasta la fecha la Iglesia católica no se ha referido a estos hechos.
Resaltó que con la demanda buscan lograr que la Iglesia sea condenada en responsabilidad civil y que más allá del resarcimiento económico, se logre garantizar que esa institución religiosa supervise a las personas que están bajo su responsabilidad.
“Cuando se le tocan las puertas al nuevo Arzobispo de Santo Domingo, lamentablemente la respuesta que nos da es que no conoce del caso y que lo va a analizar. Es imposible que con tantos años, la Iglesia no conozca este caso”, dijo.
Juan Francisco destacó que es condenable que el lugar más seguro, para una persona creyente de Dios, esté representado por sacerdotes que le hagan a los niños conocer el infierno en la tierra.
“Un equipo de abogados ha decidido acompañar a este grupo de personas y en los próximos días estaremos presentando una demanda en responsabilidad civil por daños y perjuicios a la Iglesia católica”, mencionó.
Además, el vocero de la ODHGV cuestionó el hecho de que la Iglesia se comprometió en el año 2015 a dar asistencia a las víctimas y que todavía no se ha acercado a ellos.
El representante de las familias víctimas, Arcadio Rodríguez, dijo que este acto ha enlutado a por lo menos seis familias de Juncalito, a quienes el padre les mató la moral. “Fue una situación lamentable y lo peor es que no se nos ha prestado la debida atención; porque muchos casos han pasado más de una vez”, dijo.
Se recuerda que un tribunal de Varsovia condenó, en el año 2015, al entonces sacerdote Alberto Gil, a siete años de prisión y una indemnización de 40 mil euros, luego de que se le incautaran más de 87 mil archivos de fotos y videos en la computadora que utilizaba en la parroquia eclesiástica a la que pertenecía. Se le implicó con una red internacional de pornografía infantil.