“Se buscan recursos para garantizar derechos”
El título de este artículo es el de un atrevido y valiente informe que ha presentado OXFAM, de la autoría de los amigos y colegas Rafael Jovine y Rosa (Ati) Cañete. Su propósito es empezar a darle una mirada dura al gasto público, identificar áreas donde predomina la ineficiencia y el uso clientelar del gasto público, dimensionar la corrupción en términos económicos, y estimar la cantidad de recursos que sería posible ahorrar para invertir en lo que es en verdad importante: garantizar el derecho de la gente a una vida digna.
Es evidente que con los recursos que recauda el Estado, a través de los impuestos, no es posible que éste logre contribuir de forma decidida a garantizar el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo decente y a la seguridad y la protección. Pero, al mismo tiempo, son indiscutibles dos cosas. Primero, aun cuando se recaudase más, la percepción es que no bastaría, porque la corrupción, el clientelismo y la ineficiencia parecen tragarse una proporción muy importante de los recursos. Segundo, si se enfrentaran esos elementos, los recursos disponibles rendirían mucho más, se garantizarían derechos a muchas más personas, y se fortalecería la legitimidad del Estado y su capacidad para incrementar las recaudaciones.
El informe presta atención a tres temas: corrupción, nómina clientelar y duplicidades e disfuncionalidades de instituciones públicas.
Corrupción A partir de los datos de Transparencia Internacional y Latinobarómetro, el informe destaca que la percepción de corrupción en el país está entre las más altas en la región y el mundo. Es la más alta de América Latina, 66% más elevada que la media de la región, y casi 4 veces la del país con menor percepción.
Además, a partir referencias y estudios sobre la corrupción en el país, que han aparecido desde 2010 en adelante, estimó que la media del costo de la corrupción era equivalente a 0.9% del PIB, un porcentaje relativamente bajo si se considera que el FMI la ha estimado, a nivel mundial en 2% del PIB.
Junto a ello, el estudio procuró cuantificar el costo de la corrupción a partir de su propio levantamiento, para casos que entre 1998 y 2014, y que fueron conocidos por la opinión pública, reconociendo que eso es sólo una parte. La estimación alcanzó la cifra de más de 27 mil millones de pesos para 2017, equivalente a 0.7% del PIB de 2017, dato que es claramente conservador.
Las botellas El informe también se embarca en la difícil tarea de cuantificar el costo de las “botellas”, una tarea que reconoce difícil pero muy relevante en el caso dominicano, a juzgar la enorme cantidad de casos conocidos: las famosas “nóminas CB”, Cancillería, MINERD, Bienes Nacionales y la CDEEE, cuando 43 familiares del ejecutivo de turno cobraban allí.
Destaca que, a pesar de la existencia de una Ley de función pública, el proceso de evaluación e incorporación del personal a la carrera administrativa parece estancado y aparentemente bloqueado para mantener la discrecionalidad en la designación de servidores públicos.
También habla del enorme peso de los empleos en la Presidencia de la República y su crecimiento. Aunque hay que reconocer que esto se asocia a la cantidad de instituciones adscritas a ese ministerio, y a la cantidad de programas que se han impulsado desde allí en años recientes, como los programas especiales y el sistema de emergencias, el informe habla del peso del empleo en el Despacho de la Primera Dama, que tiene más empleados que el Ministerio de la Mujer y el del Administración Pública juntos, el de INESPRE con casi 2 mil empleados, más que los ministerios de Educación Superior, Mujer, Juventud y Administración Pública juntos.
Entre 2001 y 2015, el empleo público creció a una tasa más acelerada que el resto de las categorías como empleado/a privado/a, cuentapropista o patrón/patrona, y entre 2012 y 2015 lo hizo a una velocidad 1.6 veces más elevada que el crecimiento del empleo total.
El reporte reconoce que estimar adecuadamente el costo de las “botellas” implica realizar auditorías en todas las instituciones públicas, y se limita a estimar el ahorro que podría implicar llevar el empleo público a niveles medios en la región. Estimó que en el país hay 20% más de empleados públicos por millón de habitantes que en el promedio de la región, 28% más que en el promedio de Centroamérica, y que llevar gradualmente el país a estándares de los vecinos podría ahorrar 39 mil millones de pesos o 1.1% del PIB.
Advierte que no propone recortes abruptos en la nómina estatal, sino que llama la atención sobre la necesidad de poner los recursos al servicio de la gente y no de la clientela.
Entidades que sobran OXFAM también exploró el tema de las instituciones que sobran, que duplican funciones o que no trabajan. Se embarcó en realizar un costeo de lo que pudiera implicar una revisión funcional de 34 instituciones o cuerpos que implique fusión (con ahorro parcial derivado) o eliminación. Los sectores trabajados fueron transporte, seguridad interior, defensa, agricultura, industria, presidencia y municipios. Encontró que en este ámbito, habría potencial para ahorrar el equivalente a más de 0.2% del PIB.
Además, evaluó las funciones, mandatos y caducidad de 34 consejos sectoriales, 19 comisiones nacionales y dos comités, 53 en total, y las sometió a varios criterios para evaluar su operatividad, nivel de transparencia y duplicidad de funciones. Encontró altos niveles de duplicidad, escasa transparencia y poca o nula rendición de cuentas en 31 de ellas y proponer considerar su eliminación. En 12 de ellas, propone una revisión exhaustiva, y en 10 recomienda su mantenimiento.
Esos criterios lo aplicaron también a 34 dependencias públicas, y bajo advertencia de que la cuestión amerita que cada caso sea estudiado a profundidad; concluyó que el ahorro total, incluyendo las comisiones y consejos, podría alcanzar 13 mil millones de pesos, cerca de 0.4% del PIB. Esto es 11 veces lo que se gasta en vivienda, por ejemplo. En esos ahorros destacan, por su peso, los asociados a la Liga Municipal Dominicana, a la Comisión Presidencial para el Desarrollo Provincial y a la OISOE.
Viáticos, prensa y propaganda y electricidad El informe analiza el gasto en viáticos, la partida de 5% para uso discrecional del Presidente (que reconoce nunca ha sido asignada en su totalidad), y los gastos en prensa y propaganda, con una fuerte preocupación en el aparente enorme peso de la propaganda antes que la información necesaria que el Estado está obligado a proveer a la ciudadanía. Propone recortes a cada una de ellas (excepto en promoción del turismo), que generaría ahorros por algo más de 5 mil millones o 0.1% del PIB.
También, aborda las transferencias al sector eléctrico, y sugiere alcanzar la meta al 2020 de reducirlas hasta menos de 24 mil millones (0.5% del PIB), una cifra conservadora, si se considera que la propuesta presupuestaria para 2018 por ese concepto es de 23 mil millones, aunque habrá que ver si esa terminará siendo la cifra devengada.
Un primer paso El informe de OXFAM, que identificó unos 90 mil millones de pesos o 2.5% del PIB que tienen el potencial de ser puestos al servicio del bienestar de la gente, es innovador y audaz. Es un primer paso en la urgente tarea de auscultar con rigor y criticidad el gasto público, de proponer medidas para mejorar su calidad y de reorientarlo. El esfuerzo merece ser continuado.
Hay que estudiar con detenimiento los contratos públicos de obras y de provisión de bienes y servicios, y no perderle pie ni pisada a su ejecución. Por igual, hay que estudiar la eficiencia y la efectividad del gasto, midiendo los productos “físicos” que resultan y la productividad en servicios claves, así como el rendimiento de los servidores públicos. Ese es un paso inevitable para eliminar ineficiencias, hacer que los servicios funcionen, eliminar las “botellas” y hacer que la gente cumpla con su responsabilidad. Por último, hay que revisar exhaustivamente las funciones, competencias y responsabilidades de las instituciones públicas para eliminar duplicidades, disfuncionalidades, desperdicios y fuentes de clientelismo.
Esa es una tarea que los grupos que ostentan el poder desde el Estado difícilmente harán o dejarán hacer por las buenas. Hay que tejer alianzas y obligarles.