Condenan 4 empresarios por fraude tributario
Justicia. Sentencia implica el pago de multas que van desde 50 hasta 200 salarios mínimos y una indemnización de RD$20 millones a favor del Estado.
El Primer Tribunal ColeTRIBUNAL. giado del Distrito Nacional condenó a 10, 8, 6 y 5 años de reclusión a cuatro personas halladas culpables por defraudar el Estado mediante la creación de facturas falsas con valor fiscal, en perjuicio de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
La condena implica, además, el pago de 200, 150, y 50 salarios mínimos, respectivamente, y una indemnización de 20 millones de pesos por haberse constituido en asociación de malhechores, utilizando las razones sociales Gestiones Premiun JJ, CxA y Matos Almonte Sánchez y Asociados, para la creación de facturas falsas con valor fiscal en perjuicio de la DGII.
Los condenados son Franklin Peguero Martínez, exempleado de la institución, quien fue condenado a 10 años de prisión y al pago de 200 salarios mínimos; el contable Gerardo Matos Valdez, condenado a ocho años de prisión y al pago de 150 salarios mínimos.
También Carmen Delis Franco Pérez fue sentenciada a cumplir seis años de prisión y al pago de una multa por 50 salarios mínimos. Asimismo, Ivonne Peguero Martínez, fue condenada a cinco años de prisión y al pago de 50 salarios mínimos.
Indemnización Los condenados deberán pagar 20 millones de pesos de indemnización.
Facturas falsas El tribunal determinó que fueron probadas y sustentadas las circunstancias en que los imputados se asociaron a los fines de estafar y defraudar el Estado Dominicano por un valor de 151 millones de pesos mediante emisión de facturas falsas con valor fiscal y, consecuentemente, incurrir en la violación a los ar- tículos 3 literales a, b y c, 4, 5, 8 literal b, 18, 19, 21 literal b y 26 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos provenientes de infracciones graves.
El Tribunal, estuvo integrado por las magistradas Ingrid Soraya Fernández, presidenta en funciones; Claribel Nivar Arias, miembro y Ana Lee Florimón, suplente.
En la barra acusadora actuaron el licenciado Denny Silvestre, en representación del Ministerio Público y las licenciadas María Cristina Grullón, Yokasta Joaquín y Jandreily Gregorio, representando a la DGII.
“Esta decisión del tribunal está basada en la objetividad perseguida por la Administración Tributaria, con el fin de salvaguardar la importancia de que los contribuyentes no incurran en infracciones penales y den cumplimiento del modo establecido en el ordenamiento jurídico a las obligaciones tributarias, objetivo principal de la DGII”, declaró la entidad.