Evitar retrocesos sociales en tiempos de menor crecimiento
Hay pocas dudas de que desde el segundo trimestre de 2017 la economía dominicana entró en un periodo de menor crecimiento que el observado desde 2014. La evidencia disponible hasta ahora es que lo que está ocurriendo es un ajuste hacia un nivel de crecimiento moderado en los próximos años que oscilaría entre 4% y 5%.
Aunque en el contexto regional se trata de tasas respetables, para la República Dominicana crecer por debajo de 5% no es bueno porque, a juzgar por el comportamiento histórico, implicaría que el empleo y la pobreza monetaria se estancarían. Además, los ingresos públicos crecerían a menor velocidad, comprometiendo la capacidad para financiar programas de desarrollo económico y social y de infraestructuras, e incluso los programas de protección social que precisamente están pensados para resguardar a la población pobre y vulnerable en tiempos malos.
Datos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) indican que cerca del 75% de la reducción de la pobreza monetaria entre 2013 y 2016 se debió al incremento en los ingresos laborales de las personas, lo cual está íntimamente vinculado al elevado crecimiento de esos años. Aunque el desempleo se redujo, lo principal fue que quienes trabajaban vieron incrementar su ingreso. Es por eso que es muy probable que un menor crecimiento por lo menos se comprometa seguir avanzando en la reducción de la pobreza monetaria.
Es cierto que la “calidad” del crecimiento puede influir en los resultados sociales. Por ejemplo, una tasa de crecimiento de 4% pero de base amplia, es decir, que genere muchos empleos o que expanda las oportunidades de negocios de las pequeñas empresas, tendría mayores impactos en la pobreza que uno de igual magnitud pero de base estrecha, en el que el crecimiento se concentre en sectores que no generen empleos.
En ese sentido, hay quienes piensan que entre 2014 y 2016, el crecimiento tuvo una base más amplia que en el pasado, en especial debido a programas como el plan de edificaciones escolares o los de créditos y las compras públicas a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas, y que eso pudo haber contribuido de forma decisiva a que la expansión de la actividad económica tuviera mayores resultados sociales y en reducción de pobreza. En esa perspectiva, lo más importante no fue cuanto se creció sino qué creció y cómo. Aunque el asun- to merece atención y estudio, desafortunadamente, por el momento no parece haber mucha evidencia que apoye esta hipótesis.
De allí que la atención sobre la reducción de la tasa de crecimiento y sus consecuencias en el empleo, la pobreza y las condiciones de vida parezca ineludible. Y la pregunta inevitable es ¿qué hacer? ¿Cómo evitar retrocesos sociales?
Hay al menos tres líneas estratégicas de políticas que se pueden seguir.
Sostener el crecimiento La primera es procurar sostener el crecimiento o evitar que se aleje mucho de la media histórica de 5%. Es crítico evitar que el crecimiento caiga por debajo de 4% porque, de pasar esto, sería muy difícil “recoger los pedazos”. En el corto plazo, los instrumentos tradicionales para apoyar el crecimiento son la política fiscal y la política monetaria. Pero la política fiscal está “muy amarrada”, no hay espacio para incrementar el gasto público de tal forma que tenga un impacto importante en el crecimiento, además que sería a costa de un déficit mayor y de más deuda.
Sin embargo, como he argumentado antes, la política monetaria todavía tiene espacio. Puede profundizar la contribución que está haciendo desde agosto, si al menos mantiene la postura más laxa que adoptó en ese mes. De hecho, en procura de mantener a raya la inflación y más que nada la tasa de cambio, en los últimos años ha sido muy restrictiva, lo cual ha contribuido a mantener tasas de interés reales elevadas y con ello a reducir la inversión en proyectos productivos que generan empleos y que no son viables con esas tasas. Además ha hecho que la deuda del Banco Central haya crecido de forma intensa porque para mantener la liquidez de la economía bajo control, lo que hace esa institución es endeudarse a través de los títulos que emite. La deuda alcanza hoy el equivalente a unos 10 mil millones de dólares.
Hay que reconocer, no obstante, que también esa política tiene límites. Uno de ellos es las tasas de interés en Estados Unidos. Si continúan subiendo, la Junta Monetaria no tendrá otra opción más que restringir la liquidez y aumentar su tasa de interés y con ella las del mercado, para evitar fuga de capitales.
El otro es la inflación. Relajar la política implica mayor liquidez, lo que, aunque reduce las tasas de interés y aumenta la inversión, también estimula el incremento en los precios. Si los incrementos son moderados, podrían ser tolerables siempre que el resultado en crecimiento y empleo valgan la pena. Pero el hecho de que el Banco Central se haya autoimpuesto metas de inflación supone que sus autoridades no serían proclives a ello. En este punto es oportuno recordar, que de la misma forma en que han sido “flexibles” con la meta y la hayan incumplido, pero hacia abajo, es decir, con una inflación menor a la meta, también deberían ser flexibles en sentido contrario, especialmente si eso ayuda a evitar un colapso del crecimiento.
Ampliar las bases del crecimiento La segunda es ampliar las bases del crecimiento. El objetivo es claro: que el crecimiento logre mejores resultados sociales que en el pasado, de tal forma aún con una expansión de la actividad económica menor a deseable, no hayan retrocesos sino avances.
Esto supone poner énfasis en estimular específicamente las actividades que generan más empleos. Aunque no queda claro cuan efectivos han sido, los esfuerzos desplegados por que las pequeñas y medianas empresas sean favorecidas por las compras públicas son un buen comienzo, y ameritan ser perfeccionados (para evitar la trampa), reforzados y profundizados. Igualmente, las iniciativas para expandir el acceso al crédito de este tipo de empresas son muy relevantes. No obstante, ameritan ser complementadas con otros elementos, en particular programas que promuevan la modernización tecnológica y el mejoramiento de la calidad, en particular para actividades manufactureras y de algunos servicios.
También se puede estimular la creación de empleos reduciendo los costos laborales redundantes, es decir, aquellos que no se traducen en protección ni beneficios para las y los trabajadores y que incrementan los costos de contratación. Sectores empresariales argumenta que la cesantía es uno de ellos. Si eso queda demostrado, ese instrumento se puede transformar en uno de otro tipo, que remunere mejor y proteja más, y que beneficie a todo el mundo, incluyendo a quienes buscan empleos.
Además, se requieren políticas más agresivas de inclusión productiva como la formación para el trabajo, facilitación del primer empleo (por ejemplo, subsidiando la seguridad social de manera temporal) y la intermediación laboral, es decir, facilitar que las empresas que buscan personas y las personas que buscan empleos se encuentren, una dificultad mucho más común de lo que parece y que limita a las empresas para encontrar personal adecuado, y a las personas para encontrar empleos que les satisfagan.
Universalizar la protección social La tercera es fortalecer la protección social y procurar universalizarla. Eso implica trascender los enfoques de focalización porque estos no ayudan a las personas y hogares que ya no son pobres pero que corren riesgo de caer en pobreza.
Para ello, hay que caminar hacia ampliar la cobertura y calidad de los servicios de salud y de cuidados, atendiendo y pensando en el ciclo de vida de las personas, es decir, servicios para la población infantil y adolescentes, para adultos en edad productiva y para la población adulta mayor. Eso requiere también mejorar drásticamente los servicios de atención en salud.
También implica fortalecer la protección a la población trabajadora, empujando para que la seguridad social les proteja mucho más de lo que lo hace ahora, ampliando la cobertura efectiva del plan básico de salud y expandiendo el aseguramiento a través del régimen subsidiado.
Por último supone reconocer y hacer efectivo un derecho tan básico para la población adulta mayor como el de tener una pensión mínimamente digna.
En tiempos de menor crecimiento, urge evitar retrocesos sociales, y eso se hace poniendo en práctica la idea de que la mejor política económica necesita de una buena política social, y la mejor política social necesita una buena política económica.