Mal manejo de desechos hospitalarios es un delito
La Ley General de Salud establece prisión por el mal manejo y la disposición final inadecuada de los desechos
COORDINACIÓN. Hace precisamente un año que los ministros de Salud Pública y de Medio Ambiente se reunieron para establecer una coordinación intersectorial para la correcta disposición final de los desechos hospitalarios y radiactivos.
Las discusiones de Altagracia Guzmán Marcelino y Francisco Domínguez Brito tuvieron como base la resolución número 000029 y el decreto 26-09, que norma el manejo interno o en el entorno de cada centro de salud de los desechos y residuos hospitalarios infecciosos; y define las formas y procedimientos en que deben ser clasificados, procesados, transportados y depositados en su destino final como basura común.
La referida resolución del Ministerio de Salud, del 14 de diciembre de 2016 ordena a todos los establecimientos y servicios de salud públicos y privados a establecer los procedimientos y controles para el adecuado manejo de sus desechos, la bioseguridad con énfasis en la prevención y control de infecciones vinculadas a la atención en salud y la protección de la salud de los trabajadores sanitarios, así como de los usuarios de los servicios y la población en general.
El incumplimiento a esta normativa conlleva sanciones establecidas en los artículos 154, 162 y 163 de la Ley General de Salud 42-01.
El artículo 154 establece que los establecimientos de salud que hagan un ma- nejo inadecuado de los desechos de residuos médicos y sustancias tóxicas o radioactivas, contaminantes u otras sustancias que puedan difundir elementos patógenos sin cumplir con las reglamentaciones o medidas técnicas dispuestas por el Ministerio se considerarán delito y serán castigados con penas de quince días a un año de prisión correccional, o multas que oscilarán entre diez y quince veces el salario mínimo nacional establecido por la autoridad legalmente competente para ello o por la ley, o ambas penas a la vez.
En ese sentido, la referida resolución faculta a las direcciones provinciales de salud a vigilar su cumplimiento mediante el monitoreo de todos los hospitales y clínicas privadas.