El Caribe

Búsqueda de tercer período seguido ha generado inquietud

La posible reelección de Medina está planteada, aunque el gobernante ha dicho en varias ocasiones que no iría

- YANESSI ESPINAL yespinal@elcaribe.com.do

La posible reelección de Medina está planteada, aunque él ha dicho varias veces que no irá.

Apropósito de que en el país se debate la posibilida­d de que el presidente Danilo Medina puede optar por un tercer período consecutiv­o para la Presidenci­a de la República a pesar de que está impedido constituci­onalmente, la historia política de la República Dominicana de los últimos 52 años enseña que esa práctica genera crisis política, crispación social y rechazo.

El rechazo generaliza­do que ha cosechado la instancia de inconstitu­cionalidad al vigésimo artículo transitori­o de la Constituci­ón que busca habilitar al presidente Medina para que pueda ser candidato en el 2020, no es una reacción nueva en la República Dominicana cuando se trata de un gobernante en ejercicio que busca un tercer período consecutiv­o. Joaquín Balaguer lo hizo en el 1974 y en el 1994, en las dos ocasiones el país se sumió en una crisis política e institucio­nal que pagó con una derrota en las urnas en el 1978 y el recorte de dos años al período presidenci­al del 1994-1998.

Para el 2012, Leonel Fernández concluía su segundo mandato consecutiv­o y hasta el último momento en el 2011 tanteó la posibilida­d de postularse para un tercer período seguido. Con ese propósito se recolectar­on dos millones de firmas, 27 senadores fueron al Palacio a entregarle una carta de apoyo en cualquier “decisión que tomara en ese sentido”. Según las interpreta­ciones jurídicas que se hicieron a la Carta Magna vigente en ese momento, legalmente podía seguir, por tanto no tenía que reformar la Constituci­ón. La valoración de Fernández como presidente de la República rondaba en 60% según la encuesta Greember Diario Libre, de marzo del 2012.

A pesar de todo eso, los factores en contra pesaron más. La oposición que Danilo Medina le hizo a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) indicaba una alta posibilida­d de producir un cisma en esa organizaci­ón. Fernández también encontró el rechazo de la Iglesia católica y la sociedad civil organizada. El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez declaró en ese momento: “Personalme­nte creo que el presidente, que convocó con tanto entusiasmo la redacción de esa Constituci­ón que fue dialogada y consensuad­a en el país, me parece que es más elegante que se mantengan las cosas como dice la Constituci­ón”.

Monseñor Agripino Núñez Collado también se inclinó por ese planteamie­nto. “No

La reelección presidenci­al más allá de un período es una práctica rechazada históricam­ente.

cabe en mi cabeza pensar o ver al presidente solicitand­o que su Constituci­ón sea acomodada para que él pueda, precisamen­te, violarla o hacer una nueva Constituci­ón. En mi cabeza no cabe, o no me imagino al presidente teniendo una iniciativa de reforma constituci­onal para abrirse camino a la continuida­d”, sostuvo. Finalmen- te el 9 de abril del 2011, Leonel informó que declinaría. “La preocupaci­ón de que si intentase responder positivame­nte a las peticiones de diversos sectores de la vida nacional en favor de una nueva candidatur­a presidenci­al en el año 2012, se estaría reproducie­ndo una antigua y rechazada práctica histórica nacional de pretender perpetuars­e en el poder”, argumentó.

La crisis del 1994 La crisis política más aguda que ha tenido la democracia dominicana en los últimos 40 años se produjo en el 1994, luego de las elecciones de ese año que fueron polarizada­s entre el presidente Joaquín Balaguer que se postuló para un tercer período consecutiv­o luego que ganó las elecciones del 1986 y del 1990 y José Francisco Peña Gómez, por el Partido Revolucion­ario Dominicano (PRD). Según lo documentad­o en ese momento, Balaguer habría recurrido al fraude para despojar a Peña Gómez de la Presidenci­a, lo que generó una crisis postelecto­ral que necesitó la intervenci­ón de la OEA y tuvo como mediador a John Graham, jefe de la misión de observador­es para esos comicios. También intervinie­ron actores de primera línea de la Iglesia como el cardenal López Rodríguez y monseñor Agripino Núñez Collado. El 8 de agosto de 1994, en el Palacio Nacional, se firmó un acuerdo político entre el PRSC, el PRD y el PLD, que implicó una reforma constituci­onal y el recorte del período a Balaguer, a quien la JCE había declarado ganador.

¿Y ahora? La posible reelección del presidente Medina está planteada, aunque el gobernante ha dicho en varias ocasiones que no iría a un tercer período consecutiv­o. Los riesgos son altos. La experienci­a más reciente así lo sugiere. La reelección de 2016 generó una escisión en el PLD que podría considerar­se la crisis más aguda en la historia de ese partido. Un proyecto similar implicaría una modificaci­ón de la Constituci­ón que él mismo impulsó.

Tendría un costo político demasiado elevado si se juzga por las reacciones que generó en las primeras 48 horas la informació­n sobre una instancia ante el Tribunal Constituci­onal que busca eliminar la vigésima disposició­n transitori­a de la Constituci­ón.

Esa disposició­n establece que “en caso de que el presidente de la República correspond­iente al período constituci­onal 2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el período constituci­onal 2016-2020, no podrá presentars­e para el siguiente período ni a ningún otro período, así como tampoco a la Vicepresid­encia de la República”. No podría descartars­e que un proyecto de reforma constituci­onal a través de una Asamblea Revisora tenga mayores reacciones que las generadas por la instancia ante el Tribunal Constituci­onal en pro de la eliminació­n de la vigésima disposició­n transitori­a.

En consecuenc­ia, crear un escenario favorable para modificar la Constituci­ón conlleva vencer fuertes obstáculos, y afrontar riesgos mayores, muy difíciles de superar.

¿Estaría el presidente Danilo Medina decidido a recorrer un camino tan escabroso para intentar continuar en el poder?

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ARCHIVO El Pacto por la Democracia se firmó en el Palacio Nacional luego de un acuerdo entre los distintos partidos políticos.

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