MARCHA VERDE EXIGE LA DESTITUCIÓN DE MIEMBROS DE CCRD
Considera aumento de sueldo por parte de los funcionarios viola la Ley 105/13 sobre Regulación Salarial y resta legitimidad al órgano fiscalizador
Marcha Verde solicitó al SOCIEDAD. Congreso Nacional la destitución inmediata de los actuales integrantes de la Cámara de Cuentas, por considerar que la autoasignación de un aumento de sueldo por parte de los funcionarios viola la Ley 105/13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano.
Marcha Verde considera que esa acción resta legitimidad a un órgano fiscalizador que debe ser ejemplo para todas las instituciones del Estado y de la sociedad. Según el colectivo, ni el Poder Legislativo ni la ciudadanía pueden permitir que los miembros de la Cámara de Cuentas violen la Constitución y la Ley de Sa- larios impunemente y se asignen cuantiosos aumentos salariales justo después de declarar que la entidad no cuenta con fondos para realizar auditorías a instituciones afectadas por grandes casos de corrupción, como ha sido el caso de las auditorías técnico - financieras a las obras de infraestructura desarrolladas por la multinacional brasileña Norberto – Odebrecht.
“Nos sorprende que la Cámara de Cuentas tenga una iniciativa en este momento para aumentar el salario de sus directivos, cuando su presidente, Hugo Álvarez Pérez, hace menos de cinco meses declaró que no podía investigar las obras de Odebrecht por falta de recursos. Parece que estaba guardando los recursos para el beneficio particular de la directiva, al margen de la ley y del más mínimo respeto a la ciudadanía que está exigiendo el Fin de la Impunidad”, destacó el movimiento en un documento emitido ayer.
De acuerdo con Marcha Verde, el aumento salarial es violatorio al artículo 140 de la Constitución, donde se indica que los incrementos de las remuneraciones de las instituciones públicas o entidades autónomas solo pueden hacerse para el período posterior al que fueron electos o designados los funcionarios activos. Además, agregaron, el artículo 12 numeral 5 de la Ley 105/13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano, que estipula un tope salarial de hasta RD$350,000.
Entiende necesaria y urgente la presión social sobre las instancias del Estado que tienen un papel de regulación tan clave como la Cámara de Cuentas para ampliar y profundizar los niveles de transparencia y reducir los espacios donde la impunidad ha ganado un lugar en complicidad con la corrupción.