El Caribe

Rechazan el pedido de la CIDH de anular Ley 169-14

Julio César Castaños recordó que RD es una nación soberana

- Y. ESPINAL Y D. QUEZADA

El ministro de Relaciones Exteriores y el presidente de la Junta Central Electoral (JCE) rechazaron la sugerencia de anular la Ley Especial de Naturaliza­ción 169/14 como pidió la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos (CIDH).

Julio César Castaños Guzmán, presidente de la JCE, advirtió que el país es soberano para decidir lo que considere más convenient­e en materia migratoria. “La República Dominicana es un país independie­nte y soberano y los asuntos de la nacionalid­ad es de la absoluta incumbenci­a nuestra y nadie tiene derecho a estarse metiendo en esos temas y tampoco me parece a mí que hay apátridas en el país, eso es mentira”, subrayó. Dijo que la acusación de apatridia contra el país se ha regado como una “mala idea en el mundo entero” y lo acusan de cosas que no ha hecho.

El canciller Miguel Vargas resaltó que esa ley fue consensuad­a por la comunidad política y social al momento de su aprobación y que se correspond­e con el proceso migratorio que está realizando la República Dominicana.

“Nosotros gestionamo­s los organismos competente­s y en un proceso de prácticame­nte un año, logramos salir del capítulo IV, de manera que nosotros como país somos apegados también al respeto de los derechos humanos, pero entendemos que como país soberano, debemos preservar nuestro derecho nacional”, subrayó el canciller.

Agregó que ante esta situación no es necesario que el país se salga de organismos internacio­nales como este, por la razón de que recienteme­nte esta nación fue sacada del capítulo IV, mejor conocido como la “lista negra”, tras la CIDH reconocer las medidas implementa­das por el Estado para dar solución a la grave situación en la que viven miles de personas (en su mayoría de origen haitiano) que no gozan efectivame­nte de su derecho a una nacionalid­ad y los efectos que esto tiene sobre sus derechos.

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FE El canciller y el presidente de la JCE defendiero­n aplicación de la Ley de Naturaliza­ción.

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