Lajún lleva a la RD a arbitraje; pide US$300 MM
Acusa al Estado dominicano ante el Tribunal de Arbitraje de la ONU de violar el Tratado de Libre Comercio de la Comunidad del Caribe (Caricom-RD).
El conflicto entre el Estado dominicano y Lajún Corporation, empresa que durante los últimos diez años administró el vertedero de Duquesa, pasará a ser dirimido ante un estamento internacional.
Michael Anthony Lee-Chin, accionista mayoritario de dicha compañía y quien asegura haber adquirido los terrenos que ocupa este vertedero, ubicado en Santo Domingo Norte, demandó ante el Tribunal de Arbitraje de las Naciones Unidas al Estado dominicano.
La solicitud de arbitraje solicita “una declaración de que la República Dominicana ha violado el Reciprocal Tratado de Promoción y Protección de Inversiones, que figura en el Anexo III del Tratado de Libre Comercio de la Comunidad del Caribe, entre la República Dominicana y el Estado miembro de la Comunidad del Caribe, Jamaica, firmado el 22 de agosto de 1998 que entró en vigor el 5 de febrero de 2002 (el “Tratado”), y sobre el derecho internacional”.
¿Qué pide Lajún? El demandante solicita ordenar al Estado dominicano pagar a Lajún un monto no menor a los US$300 millones por concepto de daños y perjuicios, además de US$5 millones por los daños morales causados.
La empresa, despojada de la administración del vertedero mediante orden del Tribunal Superior Administrativo el pasado 27 de septiembre del 2017, explicó detalladamente los daños tanto materiales como morales en una solicitud de arbitraje notificada al presidente de la República Dominicana, Danilo Medina Sánchez; al procurador general, Jean Alain Rodríguez; al ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Nelson Toca Simó, y a la subdirectora de Comercio Exterior y Administración de Tratados Comerciales, Leidylin Contreras.
Explica que la expropiación del Estado en perjuicio del inversionista jamai- quino, Lee-Chin, en contravención del Tratado y del derecho internacional se hizo “sin causa justificada, en una manera inconsistente con el debido proceso legal y de manera discriminatoria”.
El documento destaca que el Estado dominicano incumplió las disposiciones del anexo III de dicho tratado sobre las condiciones de expropiación, trato justo y equitativo, cumplimiento de obligaciones, transparencia y principios generales de tratamiento.
La parte demandante hace referencia a la sentencia que ordenó la designación de una comisión mancomunada del Estado para que de manera provisional tome el control del botadero a cielo abierto, también menciona las multas inter- puestas por el Ministerio de Medio Ambiente por violación y manejo inadecuado del vertedero y daños causados al medioambiente. “Con este fallo en la mano, y con el uso de su ejército, el Estado expropió la inversión de la demandante inmediatamente después, al tomar la posesión ilícita de la tierra (y todo lo demás en él), al expulsar a la demandante (incluidos todos los empleados), asumiendo la administración y el control de las operaciones del vertedero sin ninguna compensación”.
Compra de terrenos y contrato Destaca que la disputa tiene su origen en una inversión multimillonaria hecha por la demandante en la República Dominicana que consistió en la compra de la empresa Lajún Corporation, S.R.L y de aproximadamente 875,000 metros cuadrados para ser utilizados como relleno sanitario, instalaciones de reciclaje y, en última instancia, una planta de conversión de residuos en energía.
Indica que el 26 de junio de 2013, el señor Lee-Chin adquirió el 90% de la propiedad, incluyendo también el contrato de concesión de manejo y administración del vertedero y del terreno a través de las entidades Nagelo Enterprises y Wilkison.
Al exponer su caso ante el órgano de las Naciones Unidas, la demandante expresa que vio en esta adquisición una oportunidad real de obtener ganancias de la operación de un relleno sanitario, una instalación de reciclaje, el desarrollo de Waste to Energy y la compra del terreno. “Dada la negativa del Estado a cumplir con sus obligaciones derivadas del Tratado y el daño económico que el Estado ha causado al señor Lee-Chin, no hay otra opción que buscar reparación a través de este arbitraje”, argumenta la parte demandante.
La acusación contra el Estado dominicano enumera ataques selectivos con- tra Lajún, que incluyen sanciones “irrazonablemente” impositivas por presuntas violaciones de reglamentos ambientales, cuya base, según asegura la reclamante, no se proporcionó a los representantes de la compañía. “Como resultado de las acciones ilícitas y caprichosas del Estado, la demandante no puede gozar más de sus derechos bajo el contrato de concesión y su inversión no tiene ningún valor.
De hecho, desde el día en que el Estado asumió las operaciones del vertedero y el control de la tierra, el Estado no compensó a la demandante, por hacerlo de otra manera; el Estado no ha pagado ninguna tarifa, no ha pagado renta, y no ha hecho ninguna oferta para compensar a la demandante por su ilegalidad en la expropiación”, reclama es su solicitud de arbitraje.