El Caribe

Juez Justiniano Montero regresa a la Cámara Civil de la Corte del DN

- LIBONNY PÉREZ LIBONNY PÉREZ

El magistrado Justiniano ANUNCIO. Montero Montero decidió cesar en sus funciones de director general de Carrera Judicial, para reincorpor­arse como juez presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Así lo informó la Dirección de Comunicaci­ones de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), a través de una nota de prensa, donde además se destaca que Montero tomó la decisión luego de permanecer en esa función desde el 2014, a petición del Consejo del Poder Judicial (CPJ), quien valoró su trayectori­a gerencial y su compromiso institucio­nal.

Agrega el comunicado que el magistrado retomó sus funciones tras ser juramentad­o por el presidente del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, junto a 24 jueces de distintas jurisdicci­ones del país promovidos, tomando en cuenta su desempeño en el cargo, la trayectori­a en el PJ y el tiempo de servicio.

El ascenso fue aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, durante su reunión celebrada el 5 de abril del 2018, donde se conoció una propuesta remitida por el Consejo del Poder Judicial (CPJ), en fecha 15 de marzo de 2018, según consta en el acta núm. 06/2018.

El magistrado Montero desarrolló una intensa labor al frente de la Dirección General de Administra­ción y Carrera Judicial, como parte de la política trazada por el Consejo del Poder Judicial, con respecto al acceso a la justicia, la transparen­cia y la eficiencia.

Es un académico que ha ejercido la labor de catedrátic­o durante más de dos décadas en la Universida­d Autónoma de Santo Domingo, principalm­ente en materia civil y comercial. Asimismo, ha sido docente de la Escuela Nacional de la Judicatura.

El juez del Tercer Juzgado de la Instrucció­n, Juan Francisco Rodríguez, se inhibió de conocer el proceso en la pasada audiencia, por sus vínculos de amistad con Arias Valera.

A su salida de la audiencia, la exjueza Awilda Reyes, sobre quien pesa una medida de coerción consistent­e en prisión domiciliar­ia, denunció que esa coerción constituye una pena anticipada.

“Estamos a la espera de que el proceso inicie formalment­e y que pueda llevar su curso normal. Ya tenemos un tiempo más que prudente esperando que el caso pase, por lo menos, de la etapa de instrucció­n al juicio de fondo, donde segurament­e se evidenciar­án las contradicc­iones del expediente”, dijo.

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