Migraciones, nacionalidad y soberanía (Abordaje científico)
Una sentencia del Tribunal Constitucional del 23 de septiembre del 2013 puso en primer plano un tema que todavía mantiene dividida a la intelectualidad dominicana, con radicales incursiones de organismos internacionales de Derechos Humanos y juicios de figuras preponderantes de la literatura continental, como han sido los emitidos, entre otros, por el Nobel peruano Mario Vargas Llosa. Es el que tratan Cristino del Castillo y Christian del Castillo en Migraciones, nacionalidad y soberanía, ensayo en el que se esmeran en mantener el rigor científico de su investigación, alejados del chovinismo y la manipulación ideológica.
La sentencia 168/13 fue el punto de partida para la ley 169/14, con la que se trató de buscar una solución “al drama de los indocumentados con arraigo en la República Dominicana”, como fue el caso de la señora Juliana Dequis o Deguis, a quien la Junta Central Electoral le había negado la expedición de una cédula de identidad y electoral bajo el alegato de que había sido inscrita de manera irregular en la Oficialía Civil de Yamasá, Monte Plata, “siendo hija de nacionales haitianos”.
Pocas veces un padre y un hijo, dominicanos, se habían unido para producir un trabajo como el comentado, en el que resaltan la alternativa que se brindó, con el Plan de Regularización y Naturalización, como respuesta legal y humanitaria para todos los extranjeros presentes en el país con situaciones parecidas a la de Juliana Deguis. Periodista y doctor en Derecho Internacional, y licenciado en Derecho, respectivamente, los autores resaltan las deficiencias históricas de las políticas migratorias dominicanas, debilidad que se ha puesto en evidencia con la transformación geopolítica global de los primeros años del siglo XXI.
La investigación y/o tesis demuestra la hipótesis de que las migraciones “en la época actual se globalizan siguiendo las mismas tendencias de la producción de bienes, el comercio, las finanzas, el transporte y las comunicaciones”. Concluyen en que la sentencia constituyó “un legítimo acto de soberanía”, apegado a la Constitución y las leyes dominicanas.
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