Venezolanos irregulares viven un calvario en RD
DIÁSPORA. Se estiman en 30 mil los inmigrantes de Venezuela en el país. Muchos se sienten desamparados y aseguran que son víctimas de actos ilícitos.
La aguda crisis política, social y económica que vive Venezuela y que ha sido catalogada por la Organización de los Estados Americanos como una crisis humanitaria, ha ocasionado la mayor ola de emigración que haya enfrentado esa nación desde su independencia hace 206 años.
República Dominicana, aunque no aparece en el informe de Tendencias Migratorias Nacionales en América del Sur, como uno de los 14 países de la región con mayor número de inmigrantes venezolanos, actualmente alberga unos 30 mil venezolanos, de acuerdo a las cifras de la organización Diáspora Venezolana, muchos de los cuales deben vivir un viacrucis para permanecer en el país.
Para la abogada venezolana Karina Rincón de Senluis, quien se desempeña como voluntaria en el Centro Montalvo, específicamente en la atención de víctimas de ilícitos, explicó que los venezolanos en el país no son ilegales, porque tienen documentos de identidad y generalmente ingresan como turistas y que en todo caso su situación es irregular.
Denunció que muchos han sido detenidos de forma arbitraria y deportados sin el debido proceso y constantemente se les violan sus derechos laborales; no tienen protección del Estado.
Recordó que el caso más reciente fue el de la venezolana Ana Rodríguez, quien un día después de participar en las audiencias públicas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, fue detenida de manera arbitraria en Dajabón, cuando intentaba cruzar a Haití para conseguir sellar su pasaporte y mantenerse legal. Posteriormente la trasladaron a Haina para ser deportada.
“Esta situación pudo resolverse gracias a las redes sociales y al apoyo del Centro Montalvo, pero hay muchísimos venezolanos que no corren con la misma suerte y sí son deportados”, comentó.
Rostros de la diáspora
Para los venezolanos resulta muy riesgoso exteriorizar la problemática por la que están pasando y se sienten desamparados, incluso, por la embajada de su país.
Uno de los afectados, que prefirió omitir su nombre y al que llamaremos Juan, explicó a elCaribe que llegó a República Dominicana el 21 de junio del año 2017. Vendió todo lo que tenía en Venezuela, compró un pasaje y decidió irse a comenzar desde cero. “Llegué a este país con muchas ganas de progresar y con el propósito de dejar atrás la inseguridad, el desabastecimiento y la falta de oportunidades, pero me he tenido que enfrentar a una situación muy difícil, que no le deseo a nadie”, relató.
Debido a que no puede regresar a Venezuela a tramitar la visa laboral, porque se dedica al comercio informal y no tiene constancia de trabajo, decidió ir a la frontera con Haití, específicamente a Dajabón, para conseguir los sellos, que le permitieran estar regular como turista.
“Es común que los venezolanos vayamos a la frontera por Dajabón, Independencia, Pedernales, Montecristi o Elías Piña, paguemos 20 dólares como tasa de salida y recibamos el sello de RD; luego entramos a Haití donde pagamos 10 dólares y nos colocan el sello de entrada a ese país. Posteriormente nos regresamos, pagamos siete dólares para salir de Haití y 10 dólares para entrar a República Dominicana otra vez. El proceso tarda como 30 minutos y nos cuesta en total 37 dólares”, explicó.
Sin embargo, el pasado 14 de mayo, la historia fue diferente para Juan. Junto a su familia, se trasladó hasta la frontera, pero esa acción casi le cuesta una deportación. “Al llegar a Dajabón le entregamos el pasaporte a la oficial de la DGM, para que nos cobrara la tasa de salida y nos sellara el pasaporte, pero luego de diez minutos, nos informaron que la tasa ya no la estaban cobrando en la frontera, sino en el DN”, recordó.
Al percatarse de la situación, él, su primo y demás familiares que le acompañaron, comenzaron a preguntar qué era lo que estaba pasando, pero no les dieron respuestas concretas. “Nos mantuvieron engañados y después de cuatro horas, nos asignaron un oficial para que condujera nuestro vehículo y nos dicen que vamos para el Distrito Nacional, pero era sábado y sabíamos que ese día las oficinas administrativas de Migración no funcionan. Cuando íbamos por Santiago, ya era evidente que nos llevarían a Haina para ser deportados”, expresó.
La familia llegó a Haina donde los encerraron en unas habitaciones, los incomunicaron y les informaron que serían deportados, pero gracias a la activación del Centro Montalvo, pudieron recobrar su libertad en sólo tres horas. Suerte que no corrieron sus compañeros de celda, muchos de los cuales ya fueron deportados a Venezuela.
Casos como el de Juan e incluso el de la activista Ana Rodríguez se repiten a diario, pero con menor suerte para sus víctimas. Las organizaciones pro venezolanos continúan solicitando al Gobierno dominicano la puesta en marcha de un plan de regularización o la flexibilización en los trámites, tal y como lo han hecho otras naciones del continente.