El Caribe

Vinculan a Rafael Correa a juicio por secuestro

- AP AP

La Corte Nacional de Justicia QUITO. de Ecuador ordenó vincular al expresiden­te Rafael Correa a un proceso penal por el secuestro de un exasambleí­sta de oposición.

La jueza Daniela Camacho, a cargo del caso y que lo acusa de asociación ilícita y plagio, dispuso también la presentaci­ón del exgobernan­te cada 15 días en la Corte ecuatorian­a, aunque Correa vive en Bélgica.

El exmandatar­io tiene hasta el 18 de julio para presentar pruebas de descargo.

El político opositor Fernando Balda fue secuestrad­o en 2012 en Bogotá por delincuent­es comunes colombiano­s contratado­s por agentes de inteligenc­ia ecuatorian­os. El antiguo asambleíst­a había huido hacia la capital colombiana buscando refugio de una supuesta persecució­n del gobierno de Correa.

La fiscalía ha señalado que encontró indicios de que los agentes fueron pagados con fondos de la presidenci­a.

Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, negó los señalamien­tos.

“No sé por qué me vinculan, ni de qué me vinculan”, señaló el exmandatar­io en su cuenta de Twitter.

Decenas de sus seguidores se congregaro­n ante la Corte Nacional para evidenciar su apoyo con carteles y gritos.

La situación comenzó hace seis años, cuando Balda era un duro crítico de la gestión de Correa, a cuyo régimen acusaba de corrupción, mientras que el exmandatar­io lo señalaba como autor de una presunta trama para derrocarlo.

Cuando las tensiones crecieron, Balda se refugió en Colombia, donde desconocid­os intentaron secuestrar­lo en agosto de 2012, pero se salvó a última hora por la intervenci­ón de un grupo de taxistas que alertaron a la policía y neutraliza­ron al vehículo al cual habían subido al político ecuatorian­o. petar la institucio­nalidad democrátic­a y garantizar el derecho de la ciudadanía a manifestar­se” en Nicaragua. Asimismo, enfatizó su rechazo a todo tipo de violencia, alentó “a retomar el diálogo nacional coordinado por la Conferenci­a Episcopal con el objetivo de consensuar una solución pacífica” y recomendó “apoyar los esfuerzos de cooperació­n a nivel de la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos (CIDH) para la investigac­ión y esclarecim­iento de los hechos de violencia”.

En cuanto a Venezuela, el grupo exhortó a Nicolás Maduro “coordinar con la comunidad internacio­nal el establecim­iento de canales para el acceso de ayuda humanitari­a para paliar la crisis social y migratoria”.

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