Costosos remedios

Algunas de las causas de muchos de nuestros males son tan inverosímiles como que nuestras autoridades y líderes políticos generalmente dan rienda suelta a sus ideas sin realizar previamente un análisis de los costos y consecuencias, que se pretende encontrar soluciones sin resolver las raíces de los males y que en vez de disolver entidades públicas que fracasaron en sus propósitos o perdieron su razón de ser, se mantienen solo por clientelismo e incluso en ocasiones se crean adicionalmente otras para supuestamente resolver lo que las anteriores no pudieron.

Solo por eso miles de millones se malgastan irresponsablemente mientras para muchos otros aspectos faltan los recursos, se generan déficits y se aumenta la bola de nieve del endeudamiento, así como se complejiza el quehacer ciudadano y de negocios.

Y si hiciéramos el ejercicio de intentar calcular el costo de la corrupción, de la cual apenas nos enteramos cuando excepcionalmente se destapan casos en alguna entidad, muchas de ellas reincidentes como es el caso del CEA, CORDE, la OISOE o de la OMSA, probablemente que nos sorprenderíamos por las inusitadas sumas robadas al erario, en perjuicio de todo el país.

El proyecto de ley de partidos políticos que copa la atención del debate nacional pone en evidencia esto, pues durante años los políticos han estado discutiendo sobre la escogencia de candidatos a puestos electivos y si debe realizarse mediante primarias, y hasta una ley de primarias obligatorias se aprobó que fue declarada inconstitucional, pero ninguno hizo el cálculo de cuánto costarían sus propuestas ni mucho menos lo sometió a discusión, lo que responsablemente ha hecho la actual Junta Central Electoral, aportando racionalidad al debate.

Sin embargo, algunos alegan que la democracia justifica ese alto costo, como si esta solo dependiera de que los partidos sobrevivan a sus querellas internas luego de escoger sus candidatos y como si no estuviéramos ya pagando un elevadísimo costo por una errada visión que nos ha llevado a instituir un Estado demasiado grande en tamaño, y muy pequeño en calidad de servicios.

Igual sucede con el proyecto de ley de gestión integral de residuos, también en discusión en el Congreso, el cual pretende solucionar el ancestral tema de la basura y sus consecuencias con la creación de un absurdo impuesto ad valorem a todo lo que se produce e importa en el país, aprobando nuevas estructuras del gobierno central, manteniendo entelequias inoperantes como la Liga Municipal y disminuyendo cada vez más a los gobiernos locales, quienes son los que tienen la responsabilidad fundamental del aseo. Parecería que no se dan cuenta de que no puede haber solución sin contar con los ayuntamientos como actores principales y sin que estos tengan los medios para organizar una recolección, transferencia y disposición final clasificada y sin un enfoque adecuado que convierta los residuos en una industria, incentivando el reciclaje y articulando todos los eslabones de la cadena.

Y es que como no se quieren encarar los problemas ni desmontar los mecanismos que distintos gobiernos han utilizado como instrumento de poder, se ha preferido hacer un uso desmedido del endeudamiento y crear cada vez más impuestos; y se rehúye la discusión de un pacto fiscal ordenado por ley que obligaría a ver las dos caras de la moneda, el gasto público y los ingresos tributarios.

Por eso no podemos permitir que nuestras autoridades se sigan yendo por la vía más cómoda de implantar cataplasmas sobre cataplasmas, manteniendo las raíces de los problemas intactos y vendiendo como soluciones supuestos remedios de alto costo, que cargarían más a los contribuyentes y no resolverían los males.

La autora es abogada.