Sobre armas de fuego
Araíz de hechos delincuenciales recientes y la incautación en el mes de julio de una importante cantidad de armas de fuego ilegales se ha despertado entre analistas de los medios de comunicación del país el antiguo debate sobre control de armas que tradicional- mente ha enfrentado posiciones antagónicas.
El tema es complejo y ha generado interminables discusiones en todo el mundo, eminentemente protagonizadas por dos grupos: Los que se inclinan a la liberalización de los controles bajo el argumento de que ello frenaría el contrabando y el comercio ilícito de armas y ayudaría a la población a defenderse; y los que favorecen el control de la importación, comercialización, porte y tenencia como una medida para limitar la cantidad y con ello reducir el número de muertes que son consecuencia de su uso.
Hay ejemplos de la aplicación de una y otra tendencia en diversos países del mundo con diferentes consecuencias. Por ejemplo, si bien la liberalización ha funcionado con éxito en Suiza, el control estricto ha tenido grandes resultados en Japón. La decisión respecto a cuáles medidas tomar debería basarse en las circunstancias específicas del destino de aplicación. Actualmente en nuestro país el promedio de homicidios acontecidos por el uso de armas de fuego es de aproximadamente 67%, de los cuales menos de la mitad corresponde a los típicos hechos delincuenciales (asaltos, sicariato, entre otros), ya que la mayoría corresponde a crímenes producto de la convivencia social como riñas personales y violencia intrafamiliar.
En otro orden, de las licencias concedidas en el país, aproximadamente un 94% corresponde a usuarios privados y sólo el restante 6% a usuarios públicos, es decir, agentes del orden en general.
En cuanto a legislación, si bien la Ley 631 de 2016 de control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados es muy completa, su aplicación hasta el momento carece de rigurosidad, tanto en las sanciones por su violación como en la exigencia de cumplimiento de las condiciones mínimas requeridas para la concesión de licencias.
Por características particulares de nuestra sociedad como las mencionadas, un estudio que Oxfam realizó hace unos años sobre el tema arrojó como conclusión que los datos empíricos dominicanos deben incitar a las autoridades a priorizar un mayor control.
Por lo anterior, la prioridad es la plena aplicación de la normativa sobre el tema y al menos una investigación con profundidad sobre el mismo, para no caer en el error de tomar posiciones ligeras sobre algo tan complicado y que puede tener un impacto directo en la seguridad ciudadana.
La autora es abogada.