El Caribe

No repitamos la mala experienci­a

- MARISOL VICENS BELLO mvicens@hrafdom.com.do

La reciente convocator­ia del Consejo Nacional de la Magistratu­ra ( CNM) por el presidente de la República y de dicho consejo, era un hecho esperado que debió producirse desde finales del pasado año para cumplir con la renovación gradual del Tribunal Constituci­onal dispuesta por la Constituci­ón.

Dicho Consejo ha sido convocado no solo para proceder con diez meses de retraso con la selección de cuatro jueces del Tribunal Constituci­onal a los cuales se les venció el mandato de seis y no de nueve años por el que excepciona­lmente fueron electos conforme la decimonove­na disposició­n transitori­a de la Constituci­ón, razón por la cual igualmente por excepción podrán ser considerad­os para un nuevo único período; sino también para la evaluación de desempeño que la nueva Constituci­ón prevé debe hacer dicho Consejo a los miembros de la Suprema Corte de Justicia electos por un período de 7 años, al término del cual podrán ser elegidos por un nuevo período.

Dejando fuera las conjeturas sobre si se incumplió con el mandato de convocar en diciembre pasado al CNM para esperar que la presidenci­a de los Diputados cambiara de un miembro de la facción del presidente del partido oficial por un miembro de la facción del presidente de la República y del Consejo, y que si la convocator­ia es una respuesta a la sentencia del Tribunal Constituci­onal 035/18 que declaró inadmisibl­e la acción directa en inconstitu­cionalidad contra la vigésima disposició­n transitori­a de la Constituci­ón, la realidad es que en el momento político actual esta convocator­ia tiene una trascenden­cia mayúscula y genera justificad­os temores por múltiples razones.

Una de ellas es que debido a que la Constituci­ón se modificó en el 2015 para permitir la reelección del actual presidente, será este quien renovará la mayor parte de los miembros de la Suprema Corte y más de una cuarta parte del Tribunal Constituci­onal, en adición a las renovacion­es efectuadas el pasado año por razones de edad o renuncia en la Suprema y la del Tribunal Superior Electoral; lo que no fue lo que se visualizó al disponer los períodos de mandatos de estas Cortes en el año 2010 y lo que le podría otorgar un peligroso control.

Otra, porque pudiera haber la tentación de emular lo efectuado en el 2011 por el entonces presidente de la República y presidente del partido oficial, de llevar principalm­ente a las Altas Cortes sus correligio­narios y algunos de sus aliados; sobre todo en medio de la pugna entre las facciones de dicho partido por la candidatur­a presidenci­al para el 2020.

Igualmente, porque existe una manifiesta voluntad de seguidores del líder de una de esas facciones de soslayar los impediment­os constituci­onales existentes para su candidatur­a y, porque una inusitada cantidad de casos de corrupción se están juzgando o han sido fallados en la región, involucran­do muchos a presidente­s y pasados presidente­s.

Ante este complicado panorama toda la sociedad debe interesars­e en los procesos a ser llevados a cabo por el CNM, para reclamar que la selección sea lo más transparen­te y correcta posible, pero sobre todo para que no se repita la mala experienci­a vivida en el 2011 en la cual se festinaron las evaluacion­es y sin el debido sustento ordenado por la Constituci­ón se separaron de sus cargos a buenos magistrado­s por motivos simplement­e políticos, y se debilitó el poder judicial.

Necesitamo­s verdaderas evaluacion­es y no retaliacio­nes o simples simulacros que permitan que sin justificac­ión no sean electos por un nuevo período buenos magistrado­s, y sean reelegidos o elegidos quienes simplement­e convengan a la mayoría de turno y no a la sagrada misión de impartir justicia imparcial e independie­nte.

La autora es abogada.

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