Abusos inaceptables

LAS REVELACIONES de agresiones o violaciones contra menores de edad parecen incrementarse, aunque para muchos son situaciones vividas desde siempre. En el pasado, aceptadas por la sociedad, cuando se consideraba que no había violencia, lo que no dejaba de ser un mito, toda vez que la minoridad se asume como un estadio en que las personas no tienen las destrezas necesarias para discernir con propiedad y en consecuencia actuar por cuenta propia.

De modo que esa vieja sociedad era más permisiva, no sólo en el uso, sino en la costumbre e incluso de cara a la ley. De hecho, muchas violaciones se encubrían con un matrimonio o unión libre, voluntaria o forzosa.

Con la evolución de la sociedad, toda relación de ese género se constituye en un crimen, y como tal debe ser sancionado de acuerdo con las normativas vigentes.

Ahora, probablemente haya más conciencia respecto a este tipo de delito, cobra más vigor el sentido crítico y el abierto repudio contra los abusadores. Asimismo, las tendencias predominantes a publicarlo todo, a socializar toda clase de hechos, lo mismo que a reclamar justicia, han contribuido a identificar y a perseguir esas violaciones.

Y de esa forma, igual se acrecienta un movimiento que reclama mayor rigurosidad en la aplicación de las sanciones. En estos días se plantea la implantación de la castración, que si bien puede considerarse una pena severa, no cumple con uno de los propósitos esenciales de la pena, que es la búsqueda de la regeneración del individuo.

Necesariamente, habría que seguir pensando en la necesidad de fortalecer la cultura en valores, al interior de las familias, y en el más amplio espectro social. Muchos casos de abusos precisamente ocurren en el seno familiar, donde la protección y las previsiones deben ser mayores.

Lo fundamental es que los abusos contra los menores son inaceptables. Y siendo así no se pueden tolerar. Tiene que haber el castigo condigno e inevitablemente, la sanción social que resulta consustancial desde el primer momento en que se produce la identificación del criminal.

Como siempre, debe imperar la ley y la obligación de las autoridades de garantizar su aplicación.