El Caribe

Ordenamien­to, no más desorden

- CELSO MARRANZINI EMPRESARIO celso.marranzini@multiquimi­ca.com

Es común oír críticas en nuestro país sobre empresas, estaciones de gasolina o de gas que están mal localizada­s. Nadie se pone a pensar cuáles estuvieron primero y que luego, sin orden ninguno, se autorizaro­n o simplement­e de manera informal se fueron desarrolla­ndo viviendas, escuelas, hasta hospitales.

Ese es simplement­e el reflejo del desorden municipal que vive nuestro país. Lo vemos a diario, como en sectores residencia­les se pretenden instalar, donde existía una vivienda unifamilia­r, un negocio de alto tráfico sin parqueos y creando mayores inconvenie­ntes al tránsito de por si caótico.

Desde hace ya algunos meses se pretende aprobar una ley que a simple vista parecería tiene la intención de corregir este desorden, pero sucede que de ser aprobada la misma dará al traste con el poco orden que existe y el esfuerzo que algunos alcaldes hacen por controlar un crecimient­o desordenad­o y sin sentido.

Lo primero es que este proyecto pretende un cambio en la clasificac­ión del uso de suelo. Con esto tendríamos que en un área residencia­l bien podríamos autorizar un bar, un colegio, un burdel, lo que le fuera más rentable a los regidores que pasaron de honorífico­s a buscar fondos para sus campañas electorale­s, ya que desean, como todo político, ir esca- lando posiciones, muchas veces sin importar el daño al orden municipal y para esto está claro que hace falta dinero para sus campañas electorale­s y para muchos, no todos, prima la necesidad política sobre la lógica.

Esta pretensión estaría violando la seguridad jurídica y los derechos de propiedad de todos los dominicano­s. Bien podría tener usted una casa que le costó todos los ahorros de su vida y de repente, por un interés espurio, su vivienda es declarada para otro uso y por supuesto le pagarán, si es que lo hacen, la tasación que mejor les convengan para adquirir su bien al menor precio posible.

El proyecto de ley tal y como está planteado, lejos de organizar los asentamien­tos informales, crea un caos mayor. Se designan zonas industrial­es las cuales pronto son invadidas por viviendas, escuelas y sin tomar en cuenta los años de esa zona industrial, se culpa al industrial de cualquier molestia y peor aún si ocurre algún incidente.

Basta ir a la Zona Industrial de Herrera donde muchas de las viviendas, una de sus paredes es la verja perimetral de una empresa. ¿Quién tiene la culpa? Sin duda, la politiquer­ía barata de un alcalde y unos regidores, que haciéndose simpáticos, porque lo que buscan son más votos, no tienen la conciencia del caos y el peligro que permiten.

En estos días oí a unos periodista­s decir que muchas empresas debían ser trasladada­s a la circunvala­ción que va desde Haina hasta la autopista Duarte y en su momento llegará hasta Caucedo. Les recomiendo darse un paseo para que vean como ya se va poblando de asentamien­tos ilegales bajo la mirada indolente de las autoridade­s.

Pero para colmo, este proyecto pretende crear más división del territorio nacional, creando más municipios y distritos municipale­s y otorgando los mismos derechos a estos últimos que a los municipios.

Esto significar­ía más alcaldes y vice alcaldes, más regidores más sueldos y menos dinero para inversión. Por eso nuestros alcaldes andan desesperad­os porque el presupuest­o no les alcanza. De un municipio de 200,000 habitantes salen dos distritos municipale­s y de un alcalde y vicealcald­e terminan en seis, con sus respectivo­s sueldos, vehículos, choferes y asistentes. Pero para complicar más la situación, cada distrito también tiene regidores con salarios de RD$120,000 y dietas de RD$20,000 cada uno, choferes, ayudantes y la posibilida­d de nombrar seis personas cada uno.

Realmente estamos camino a una atomizació­n y aumento de gastos que ningún presupuest­o ni orden municipal podrá soportar.

En esta ley no queda claro cómo va de la mano con la Estrategia Nacional de Desarrollo, obvia la Ley 498-06 de Planificac­ión de la Inversión Pública creando mayores problemas al funcionami­ento del Estado, ya que no consagra un Plan de Ordenamien­to Territoria­l Provincial y peor aún, entra en contradicc­ión con la ley 176-07 que trata sobre la subdivisió­n y creación de nuevas entidades territoria­les y sus planteamie­ntos llegan hasta la locura de que los distritos municipa- les tendrán unidades de planeamien­to urbano. Realmente, el camino es a la atomizació­n del territorio para beneficio de más empleos improducti­vos y en contra de los servicios que deben brindar los ayuntamien­tos, porque cada vez el presupuest­o tal y como está establecid­o seguirá siendo violado, ya que pronto el 100% irá hacia salarios, dejando las inversione­s de capital, la recogida de basura y el aporte a los bomberos a cero.

Por último, y para complicar más, esta ley no toma en absoluto los criterios de medio ambiente necesarios no sóolo para mantener el equilibrio de nuestro sistema, también para cumplir con leyes internacio­nales y más importante aún, para evitar un deterioro que frene y debilite el crecimient­o de nuestro importante sector turístico, ya que la misma no ha tenido ni el más mínimo cuidado de definir lo que es un asentamien­to humano tal y como estable la Ley 64-00.

En fin, parecería que esta ley está concebida para beneficiar intereses particular­es, de hecho, ya hemos visto en días recientes y en este mismo diario, cómo uno de sus voceros, aprovechan­do un hecho muy lamentable, pretende usarlo de muleta para que se apruebe un proyecto que a todas luces no trae ningún beneficio al país y si para unos cuantos, que como siempre, escondidos en el disfraz de ovejas son verdaderos lobos.

Estoy seguro que el Senado tendrá el criterio y la visión de país para detener este mamotreto jurídico y de no ser así, le tocará al Presidente objetar el mismo para evitar que nuestra geografía se convierta en un verdadero rompecabez­as.

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