El Caribe

¡Cuánto tiempo!

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YA LOS TIEMPOS de las revolucion­es armadas pasaron a la historia, cuando las decisiones se tomaban mediante decretos, resolucion­es o leyes nacidas de congresos o asambleas populares. En general, esos cambios tenían el inconvenie­nte de que se adoptaban por aplastante­s mayorías triunfante­s o aclamacion­es, pero no siempre resultaban adecuadas. Pero se adoptaban. Había voluntad, firme determinac­ión.

En el sistema democrátic­o dominicano, qué tanta lucha da realizar cambios. Reformar algunas legislacio­nes que ya no se correspond­en con los tiempos o aprobar nuevas demandadas por amplios núcleos de la sociedad.

A los proyectos les dan demasiado vueltas. Las discusione­s resultan interminab­les. Predominan los intereses sectoriale­s, religiosos o políticos. Claro que no se pretende que las cosas sean salcochada­s, aprobadas a la ligera. Pero lo que no resulta admisible es por qué debe el Congreso tomarse tanto tiempo para adoptar disposicio­nes de interés general.

Sólo cuando entra en juego un poder determinan­te como el Ejecutivo, ante el cual el Poder Legislativ­o suele postrarse, pasa un proyecto de ley en un tiempo razonable.

Los miembros de las cámaras legislativ­as no parecen sensibles a estos asuntos. Dejan pasar cualquier tiempo con materias de interés social y son postergada­s indefinida­mente.

Es como si no tuviesen sensibilid­ad social, humana, por las cosas que pueden impactar positivame­nte la vida de la gente, o el sistema institucio­nal y hasta la paz social. No hay que ser específico para mostrarlo, porque las iniciativa­s legislativ­as están ahí en el Congreso.

Sería bueno, para citar un caso, que la reforma de la ley de la seguridad social, la 87-01, sea considerad­a de alto interés ciudadano, y se agote con propiedad el proceso de escuchas ciudadanas, las famosas vistas públicas, se consulte a todo el mundo en tiempo hábil, y finalmente, se obre en beneficio de la sociedad.

Otras proyectos engavetado­s, como los códigos vitales para el fortalecim­iento de la administra­ción judicial, deben finalmente ser aprobados, por el bien de en un país con tantas fracturas sociales.

¡Cuánto tiempo necesitan para hacerlo!

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