Sobre accidentes de tránsito
Los accidentes de tránsito constituyen una de las primeras causas de muerte en República Dominicana con cifras por encima de la mayoría de los países de América Latina, pues mientras el promedio regional es de
16 muertes por cada cien mil habitantes el promedio en nuestro país es 47.
De hecho, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), La República Dominicana ocupa el segundo lugar de los 182 países pertenecientes a las Naciones Unidas con más muertes por accidentes de tránsito en relación a su población.
En el 65% por ciento de los casos los accidentes involucran motoristas y/o peatones. Por otro lado, en más del 70% las víctimas son jóvenes de menos de 29 años de edad, con mayor frecuencia casi siempre en el mes de Diciembre, de manera más usual los domingos y los lunes y comúnmente en carreteras y grandes avenidas.
La principal causa de accidentes en el país en los últimos años no es el consumo de alcohol y drogas como muchos presumen, pues esta constituye el segundo lugar después del uso de celulares y pantallas que es la razón número uno a pesar de su prohibición expresa en la ley.
Si a la espeluznante información anterior agregamos el hecho de que no se consideran accidentados los que transitan en bicicletas y que se estima que sólo se reportan de manera oficial el 36% de los casos, hay que concluir que los accidentes se han convertido en un problema nacional de grandes proporciones y al que se necesita con urgencia poner atención.
En un país con una súper población impresionante de casi 3 millones de vehículos es fundamental combinar una serie de medidas para tratar de reducir las probabilidades de que ocurran accidentes. No sólo hace falta mayor educación vial sino, principalmente, replantear la estructura de la DIGESETT, institución llamada a jugar un rol protagónico en la solución pero que en cambio muchas veces es causa eficiente del problema.
Las cifras expuestas deberían motivar al sector público a revisar nueva vez esquema actual.
Quizás sería prudente analizar modelos funcionales de otros países de América Latina en los que la autoridad de transporte es una dependencia de cada gobierno municipal, descentralización que ha dado excelentes resultados en los lugares en los que se ha llevado a cabo.
La autora es abogada.