Supremo de PR analiza legalidad de Pierluisi
SAN JUAN. El Tribunal Supremo de Puerto Rico recibió ayer las alegaciones de los abogados del Senado y del nuevo gobernador, Pedro Pierluisi, respondiendo a la demanda interpuesta por el presidente de la Cámara Alta, Thomas Rivera, para que se impugne la juramentación al puesto del nuevo mandatario del pasado viernes.
Rivera presentó el recurso para pedir además que se impugne la Ley 7 de 1952, enmendada, y se declare inconstitucional, sobre la cual Ricardo Rosselló nombró a Pierluisi como secretario de Estado, dos días antes de hacer efectiva su renuncia el viernes 2 de agosto como gobernador de la isla.
La Ley 7 de 24 de julio de 1952, según una enmienda en 2005, establece que no será necesario que el secretario de Estado haya sido confirmado por el Legislativo para asumir la Gobernación de manera permanente.
Por su parte, la Constitución de la isla señala que un secretario de Estado, primero en la línea de sucesión ante la vacante de un gobernador, debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa.
Las distintas interpretaciones de una y otra han desembocado hoy martes en el Tribunal Supremo.
Pierluisi solo recibió el visto bueno de la Cámara de Representantes a su nominación como secretario de Estado, mientras que el Senado, que se reunió dos días después de que él jurara su cargo decidió no votar, ya que el tema ya estaba en los tribunales.
En su alegato presentado hoy, los abogados de Pierluisi indican que la situación actual es de “alta tensión política” lo que “agrava” la crisis económica que vive la isla y “pone en jaque” los esfuerzos de recuperación por el paso de los huracanes Irma Y María
Además afecta “adversamente” las relaciones con el Gobierno de Estados Unidos, del que Puerto Rico es un estado libre asociado.