Enfrentar la realidad
Anticipábamos que el 2020 sería un año complejo para el país por la celebración de las elecciones municipales y las presidenciales y congresuales, con la posibilidad de una segunda vuelta, lo que nunca se imaginó fue que tendríamos que pasar por el trauma de una suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero que tuvieron que celebrarse extraordinariamente el pasado 15 de marzo, y que debido al impacto de una crisis sanitaria mundial probablemente haya que posponer las elecciones pautadas para el próximo 17 de mayo.
Es un secreto a voces que es probable que haya que posponer las elecciones por no estar dadas las condiciones para garantizar que no se contagien las personas, pero faltando aproximadamente 45 días para estas, las autoridades electorales ni han iniciado la discusión con el liderazgo político de esta posibilidad, ni han comenzado a tomar medidas en relación con la celebración de las elecciones en tiempo de pandemia.
El pasado año 2019 estuvo marcado por la continua amenaza de una reforma constitucional para abrir la posibilidad de un tercer mandato del presidente que finalmente no se dio por circunstancias de todos conocidas, la cual luego resurgió propugnando algunos por una rehabilitación del presidente para el 2024 bajo la excusa de unificar las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales.
Si a esto se suma que la Junta Central Electoral (JCE) vio gravemente comprometida su credibilidad por haber tenido que cancelar las elecciones municipales por supuestas fallas del sistema de voto automatizado que había proclamado como blindado, lo que generó múltiples protestas ciudadanas clamando por una investigación cuyos resultados aún se desconocen, la situación se torna más compleja y es comprensible el temor a plantear el tema.
Por mandato de la Constitución y la ley, la JCE está a cargo de celebrar las elecciones, las cuales de conformidad con el artículo 14 de la Ley 15-19 de Régimen Electoral, “será responsable de organizar, administrar, supervisar y arbitrar, conjuntamente con los partidos”. Por tanto la JCE y los partidos deben enfrentar la realidad e iniciar cuanto antes la discusión del tema, no solo para definir si será posible celebrar las elecciones en la fecha prevista y en caso de que se decida que no, proponer las nuevas fechas para estas y una eventual segunda vuelta, sino también para determinar las acciones que tendrán que ser tomadas sea cual sea la fecha de las elecciones para celebrarlas bajo los efectos del COVID-19, asumiendo entre otras recomendaciones las del IFES para minimizar contagios y proteger a electores y personal de los colegios, así como también para definir los límites de actividades y de gastos de una campaña electoral en época de crisis sanitaria mundial que más que nunca exige equidad y racionalidad.
La JCE tiene entre otras atribuciones previstas por el artículo 18 numerales 7 y 22 de la Ley 15-19 las de “Convocar a elecciones extraordinarias cuando proceda, de conformidad con la Constitución y la ley, dictando al efecto la correspondiente proclama” y las de “Disponer cuantas medidas considere necesarias para resolver cualquier dificultad que se presente en el desarrollo del proceso electoral”, y dictar “las instrucciones que juzgue necesarias y convenientes”.
Si bien será difícil tomar cualquier decisión en relación con las elecciones, nada sería peor que esconder la cabeza como el avestruz y no tomar las medidas a tiempo. Dentro de la incertidumbre de la pandemia algunos hechos son ciertos: las elecciones deben celebrarse con tiempo suficiente para que el 16 de agosto de 2020 las nuevas autoridades electas tomen posesión y la JCE dispone de atribuciones constitucionales y legales para tomar las medidas necesarias, lo que habrá de hacer con el debido consenso de los partidos políticos y de la representación de los distintos sectores sociales, lo cual ante la gravedad de la situación no debería ser un inconveniente. Ojalá que la Junta fortalezca su liderazgo asumiendo responsablemente su rol y tomando decisiones oportunas, y que el país tenga la oportunidad de aquilatar la madurez y templanza de sus líderes.
La autora es abogada.