CIDH admite caso de menor dominicana que murió en 2012
La Comisión InterameriDERECHOS. cana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una solicitud para que se investigue la muerte en 2012 de una adolescente dominicana con leucemia después de que los médicos se negaran a aplicarle quimioterapia por estar embarazada de un mes.
Se trata de la menor Rosaura Almonte, conocida como Esperancita, quien falleció a los 16 años después de que se le diagnosticara leucemia y al mismo tiempo un embarazo de un mes.
Aunque necesitaba quimioterapia, no se la iniciaron a tiempo porque los médicos dieron prioridad al embarazo, según la denuncia de la familia y de colectivos que defienden los derechos de las mujeres y la despenalización del aborto en algunos casos.
Después de mes y medio internada en un hospital de Santo Domingo, la adolescente murió en agosto de 2012 “por falta de tratamiento médico oportuno y adecuado”, agregan.
Tras su muerte, su madre, Rosa Hernández, inició varios procesos legales en el país que no fueron resueltos satisfactoriamente, por lo cual en agosto de 2017 acudió a la CIDH, quien en diciembre de 2018 admitió a trámite la solicitud y ahora la ha acogido.
Esperancita murió a los 16 años después de que se le diagnosticara leucemia y un embarazo de un mes.
Violación de derechos
En un comunicado en el que dio a conocer la admisión del caso, la organización Women’s Link Worldwide, representante legal de Hernández, señaló que la Comisión analizará “la violación a los derechos” de Almonte, al tiempo que estudiará los hechos en relación con un “contexto de discriminación estructural de género” en el país, donde el aborto está prohibido en todos los supuestos.
Selene Soto Rodríguez, abogada de Women’s Link Worldwide, aseguró en el comunicado que “este proceso es una oportunidad para avanzar en la búsqueda de justicia y reparación para Rosa Hernández, a través del reconocimiento de las fallas de los sistemas de salud y de justicia” en el caso Rosaura.
A la vez, “es una oportunidad para avanzar en la eliminación de la discriminación estructural que menciona la CIDH y que se traduce en la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva como educación sexual, anticoncepción, atención de calidad durante el embarazo y el parto, y acceso a abortos seguros cuando se requieren para proteger la salud e integridad de las mujeres”. “Ninguna mujer debe morir o estar en riesgo en República Dominicana por causas asociadas con el embarazo”, apuntó.