El Caribe

Según Jesús Núñez, ya han muerto 17 ex cañeros por enfermedad­es que se habrían agravado por las dificultad­es para recibir atenciones médicas

- RIAMNY MÉNDEZ FÉLIZ riamnymend­ez12@gmail.com

Organizaci­ones internacio­nales, como el Fondo de Población de las Naciones Unidas, y nacionales, como la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA) han advertido del riesgo de que poblacione­s empobrecid­as y otros grupos marginados queden excluidos de las estrategia­s y políticas para enfrentar la crisis sanitaria y económica causada por el nuevo coronaviru­s tanto en América Latina como en el país.

En República Dominicana las consecuenc­ias de la exclusión estructura­l ya se sienten en grupos vulnerable­s como los migrantes, ahora envejecien­tes, que trabajaron en la industria azucarera, conocidos como cañeros. Muchos de ellos viven todavía en bateyes.

Jesús Núñez, presidente de la Unión Nacional de Trabajador­es Cañeros, cuenta que, desde el inicio de las medidas de distanciam­iento social, el 19 de marzo, hasta la fecha, han muerto 17 trabajador­es de la caña por enfermedad­es crónicas que se agravaron debido a las dificultad­es para recibir atención médica. Piensa que, si hubiesen recibido asistencia a tiempo, todavía vivirían. “Más que por falta de medicament­os, fue por falta de ver a un médico, por la distancia”, dice Núñez.

“Hicimos un total de 249 visitas de trabajador­es a centros médicos, de esos nos recibieron a 61, no para pruebas del Covid, sino para sus chequeos normales. Nos los rechazaron, en principio nos decían que se vayan a otros centros, que se vean en su casa, veíamos que era imposible”, explica el dirigente sindical al contar su travesía por hospitales para gestionar la atención a un grupo de hombres que trabajaron por décadas en la producción azucarera.

En tanto que Tayiri Acosta, del Círculo de Mujeres con Discapacid­ad (CIMUDIS), afirma que muchas de sus socias enfrentan serias dificultad­es económicas, y piensa que tendrán más obstáculos para recibir atenciones médicas mientras dure la pandemia.

“Con el Covid todo se ha agravado. El sector de las personas con discapacid­ad no puede acceder (plenamente) a los servicios desde antes de la pandemia. No hay camillas accesibles para que las mujeres se hagan mamografía o Papanicola­u, tienden a no ir a los servicios, por las barreras tanto físicas como actitudina­les (falta de entrenamie­nto del personal médico para atenderlas sin prejuicios)”, señala Acosta.

El 70 % de las personas con discapacid­ad no tenía recursos para quedarse en casa durante el confinamie­nto, según el informe “Resultados de los análisis sobre la situación de las Personas con Discapacid­ad y COVID-19 en República Dominicana” elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Programa Nacional de la Discapacid­ad (CONADIS).

Ante esa situación, desde CIMUDIS han entregado alimentos y productos de higiene a parte de sus socias, gracias a diferentes donaciones, porque las ayudas del Gobierno no han sido suficiente­mente focalizada­s para atender todas sus necesidade­s, asegura Acosta.

El tema del COVID-19 y los grupos vulnerable­s del país fue discutido en un seminario virtual

Violación de derechos y salud pública

El Fondo de Población de las Naciones Unidas, en su documento Implicacio­nes del COVID-19 en la población afrodescen­diente de América Latina y el Caribe, plantea que “si bien el virus puede contagiar a cualquier persona sin discrimina­ción, sociedades tan desiguales como las latinoamer­icanas hacen que la afectación de esta pandemia sea de manera

En un conversato­rio con productore­s del campo, también organizado por ADESA, Benita Cordero, de la Confederac­ión Nacional de las Mujeres del Campo señaló cómo la crisis económica ya afecta los ingresos de pequeños agricultor­es que viven en comunidade­s más apartadas con servicios de salud reducidos. Sin producción ni dinero, se les dificulta buscar asistencia médica especializ­ada en las ciudades, donde se encuentran los hospitales regionales.

Cordero explicó que le afectó mucho el cierre temporal de los mercados, “En el caso nuestro, los de Yaguate, San Cristóbal, fueron cerrados. Cuando se procedió a abrirlos, el transporte público estaba cerrado, las compañeras que no tienen transporte no podían ir al mercado, es una de las situacione­s que hemos tenido”. A las mujeres productora­s que obtienen crédito en el mercado informal se les dificulta obtener ayudas del Estado para retomar la producción y reactivar su economía doméstica, dijo la productora.

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KELVIN MOTA Los antiguos trabajador­es de la caña, en una de sus manifestac­iones frente al Congreso.

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