El Caribe

La reforma constituci­onal de Putin entra hoy en vigor

- EFE

El presidente de Rusia, VladíMOSCÚ. mir Putin, firmó ayer el decreto para la entrada en vigor este mismo sábado de las enmiendas constituci­onales aprobadas por casi el 78 % de los votantes en plebiscito y que le permiten permanecer eventualme­nte en el Kremlin más allá de 2024, cuando expira su actual mandato.

“Las enmiendas a la Constituci­ón de la Federación Rusa (...) entrarán en vigor el 4 de julio”, señala el decreto publicado este viernes por el Kremlin. Putin anunció la entrada en vigor “por voluntad de los ciudadanos” de los cambios a la Constituci­ón de 1993, en una reunión con el grupo de trabajo que preparó las enmiendas. Sostuvo que “los cambios introducid­os en la ley fundamenta­l afectan a todos y a cada uno y, por eso, la palabra decisiva solo la podían tener los ciudadanos de Rusia”. “Tomamos esta importante decisión juntos, todo el país, y esta se refiere a los valores y principios básicos que conforman la base del desarrollo futuro de Rusia y nos convierte en un solo pueblo, en un todo unido”, recalcó Putin.

Consideró que el resultado del plebiscito “muestra un alto nivel de consolidac­ión de la sociedad en temas claves de importanci­a nacional” y pidió al Gobierno, a los jefes de las regiones rusas y a los parlamenta­rios trasladar el “valor” de esas enmiendas a los presupuest­os, programas federales y proyectos nacionales.

Cada norma incluida en la ley fundamenta­l no significa contemplac­ión, sino acción, resaltó. Aparte de allanar el camino para la posible permanenci­a de Putin en el poder más allá de 2024, la nueva redacción de la Constituci­ón rusa incluye una serie de enmiendas -206 en total- sobre cambios en la vida política y social del país. Entre las modificaci­ones en la Carta Magna destacan la indexación anual de las pensiones de los rusos, el salario mínimo por encima del mínimo de subsistenc­ia, el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, la prohibició­n de ceder territorio a otros países o la prevalenci­a de la Ley Fundamenta­l sobre el derecho internacio­nal.

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