Fuerza del Pueblo recomienda seguir programas sociales
La Fuerza del Pueblo puso en circulación el documento titulado: “Acciones y medidas de políticas para garantizar la seguridad alimentaria en el contexto de la pandemia de la COVID-19 en la República Dominicana”.
En el documento, la organización política expone recomendaciones de políticas públicas a corto, mediano y largo plazo al Gobierno, con miras a garantizar la reducción de riesgos de una crisis alimentaria que afecte a la población nacional. Sugiere la continuidad de los programas sociales aplicados, como Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE), “Quédate en Casa” y “Pa ti” mientras duren los efectos negativos de la pandemia y que se extienda su alcance a todos los empleados del sector formal cuyos contratos de trabajo hayan sido suspendidos.
Asimismo, plantea la creación de un fondo especial con recursos extrapresupuestarios, para incentivar las actividades productivas de ese sector para garantizar la oferta de alimentos por parte de la producción nacional. Entre las medidas recomendadas está el apoyo del Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulico y el Instituto Agrario Dominicano a los proyectos agropecuarios y los cultivos de ciclo corto a nivel nacional, a través de acompañamiento a los productores y adecuación de terrenos, vías de acceso y canales de riego.
Agilizar los desembolsos del Banco Agrícola de los RD$5,000 millones que le fueron inyectados por el Gobierno para ser prestados bajo condiciones crediticias especiales por motivo de la pandemia, para lograr la dinamización del acceso a financiamiento de los cultivos.
Establecer una moratoria en los pagos de capital e intereses de los préstamos otorgados por el Banco Agrícola, el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera y el Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario para los pequeños y medianos productores durante un período de seis meses.
También plantea establecer un régimen temporal especial durante un período de seis meses para eliminar la burocracia en la aplicación de la actual política de exención fiscal y tributaria del sector agropecuario y garantizar la comercialización de las cosechas.