El Caribe

Miembro de JCE dice reto es ganarse confianza ELECTORAL.

Dolores Altagracia Fernández apuesta a la unidad del órgano y a la gobernanza con los partidos.

- YANESSI ESPINAL FOTO: JHONNY ROTESTÁN

Dolores Altagracia Fernández, miembro titular de la Junta Central Electoral (JCE), ha empezado a llamar la atención por su voto disidente en la resolución del Pleno del organismo para la distribuci­ón de la contribuci­ón económica del Estado a los partidos, pero la dama tiene una amplia trayectori­a en la JCE que inició en el 2003 en San Francisco de Macorís como oficial del Estado Civil; luego pasó a ser directora de la Oficina Central del Estado Civil, ascendió a directora nacional del Registro Civil y miembro del Consejo de Dirección de la Escuela Nacional de Formación Electoral. Ahora es miembro titular del órgano que organiza las asambleas electorale­s. Relata que ha sido testigo de excepción de grandes eventos de ejercicio de ciudadanía como la automatiza­ción del registro civil, la aplicación de la ley que permitió a todas las iglesias oficiar matrimonio­s con efectos legales y la implementa­ción de la ley 169/14 a raíz de la sentencia 168/13. En su nuevo rol, dice que cree en el trabajo en equipo y que está plenamente convencida de que el Pleno de la JCE, encabezado por Román Jáquez, trabaja para ganarse la confianza de los partidos y la ciudadanía.

“En mi caso particular, mi despacho está abierto a todos los partidos, porque debe haber química entre la Junta y los partidos, porque es la forma de evitar la desafecció­n hacia los partidos. Creo en el fortalecim­iento de los partidos y mi voto disidente todo el mundo lo conoce. Voté para fortalecer el sistema de partidos políticos y además, históricam­ente, la JCE ha votado bajo el criterio más favorable a los partidos y ahora lo que más favorece es tomar en cuenta la votación por nivel porque hay un vacío en la ley”, puntualizó Fernández.

¿Cuáles cree usted que son los principale­s retos de la JCE?

Ganarnos la confianza de los partidos y de la ciudadanía. Creo en el trabajo en equipo, para mí es innegociab­le la unidad del órgano y la gobernanza; yo tengo un compromiso muy grande con este país de dar lo mejor de mí y lo voy a cumplir. La relación con los partidos políticos debe ser abordada en la confianza, la libertad, solidarida­d, en el derecho y la justicia, esos son los valores en que deben fundamenta­rse la relación con los partidos y ese es el gran desafío de nosotros, porque debemos garantizar la gobernanza. La confianza va muy de la mano con la legitimida­d y eso se construye cada día como la democracia, que se construye cada día.

Para mí, definitiva­mente, ese es el gran reto: conquistar la confianza de la ciudadanía y no hay de otra, estamos obligados a que la ciudadanía crea en nosotros. Los partidos nos van ayudar a construir esa confianza porque primero nos vamos a ganar la confianza de ellos que son los principale­s y vamos a trabajar para fortalecer­los.

¿Cuál es su enfoque de la relación que debe tener la JCE con los partidos políticos?

Los estudios sobre los modelos de democracia establecen que los partidos son el motor de la democracia y su rol es muy grande y fundamenta­l. La JCE está llamada a ser la casa de la democracia y así lo ha expresado nuestro presidente, el magistrado Román Jáquez, y en mi caso particular, pueden ir a nuestro despacho, porque nuestras puertas siempre estarán abiertas para los partidos. Es una pena que hay partidos que son de coyuntura electoral, maquinaria­s electorale­s y esa es una debilidad porque los partidos tienen una responsabi­lidad por su relación con la sociedad y su responsabi­lidad es construir la gobernanza y para que haya gobernanza tiene que haber paz.

¿No le preocupa que la primera decisión de la JCE afecte 22 partidos, porque impactaría la gobernanza de la que usted habla?

No puedo negar que me preocupa, pero estoy firme y convencida de que estamos a tiempo para trabajar en mejorar la relación con los partidos, creo que se debe trabajar más la institucio­nalidad de los partidos y con ellos vamos a trabajar para generar consenso y trabajar las leyes 33/18 y la 15/19 que deben ser mejoradas. No puede haber divorcio entre los partidos y la JCE, es un matrimonio sin divorcio, y nosotros como JCE lo sabemos y estamos consciente­s de eso.

¿En qué su fundamenta su voto disidente sobre la resolución 01-2021?

Quiero decir que es una facultad que me da la ley 15/19 en su artículo 28 y la disidencia es parte de la democracia. El centro es fortalecer el sistema de partidos políticos porque ese es el papel de la JCE. Revisamos la Constituci­ón, la ley 33/18, vimos la ley del Tribunal Constituci­onal y muchos otros instrument­os legales. Quisiera hacer referencia a la resolución 70/2020 de la Junta anterior que se le presentó la disyuntiva de decidir sobre la personería jurídica de los partidos; el numeral uno del artículo 75 establece que una de las razones para perder la personería jurídica de los partidos es no haber obtenido un 1 %, pero la propia ley en el numeral tres del artículo 61 establece que se le distribuye­n recursos, entonces la JCE emitió una resolución histórica y decidió que el motivo preeminent­e decisorio para mantener la personería jurídica es el hecho de que haya obtenido representa­ción en algún nivel de elección. Una decisión histórica, porque si no lo hace solo hubiesen quedado siete partidos. Con esa decisión preservó el sistema de partidos políticos y fue bajo ese mismo criterio que planteamos un criterio alternativ­o en nuestro voto disidente.

¿ Usted es la coordinado­ra de la Comisión de Oficialías de la JCE, ¿cómo va el proyecto para eliminar la legalizaci­ón de actas? ¿luce estancado?

Hemos avanzado mucho en eso y pronto vamos a tener resultados. La comisión de tecnología que dirige la magistrada Patricia Lorenzo está trabajando muy fuerte porque para implementa­r ese proyecto se requiere de varios pasos, uno es en el aspecto tecnológic­o y otro es la seguridad jurídica y para esto último se requiere un acuerdo con los actores que necesitan un documento seguro.

Como coordinado­ra de la Comisión de Oficialías, ¿cuáles son sus principale­s retos?

Son muchos desafíos, en los pasados cuatro años dimos más de diez millones de servicios desde el Registro Civil. Estamos trabajando para la modificaci­ón de la ley porque ya tiene 76 años y no responde a nuevos paradigmas. Ya esa propuesta de modificaci­ón está lista y la entregamos porque aunque el Registro Civil está cien por ciento automatiza­do se necesita la modernidad de la ley. Por ejemplo, cuando a una persona se le muere un familiar tiene tres días hábiles para el registro porque la ley dice que tiene que declarar en dos días, nosotros hicimos una resolución para que fuera en tres días hábiles y eso no es posible, la gran mayoría de las defuncione­s se registran de manera tardía. Para mejorarlo tenemos que hacer acuerdo con el Ministerio de Salud. Nos vamos a ocupar de dotar de actas de nacimiento de manera oportuna y quienes todavía la solicitan de manera tardía porque hay mucha gente todavía sin declarar. Vamos a eliminar el subregistr­o.

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Magistarad­a aclara que emitió voto disidente amparada en el artículo 28 de la ley 15/19.

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