Hacia la institucionalización del lobbismo
La semana pasada, la Fundación Institucionalidad y Justicia, a través de su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños, recomendó al Congreso Nacional legislar para legitimar la práctica de cabildeo o lobbismo. La Finjus depositó una serie de observaciones al proyecto de ley que reposa en la Comisión de Justicia del Senado encaminadas a garantizar que la ley que finalmente se apruebe, establezca un marco institucional adecuado, transparente y riguroso para el ejercicio de dicha actividad.
El lobbismo, en el ámbito de las políticas públicas, consiste en la labor que realizan individuos, firmas o grupos de interés privados con el objetivo de influir en las decisiones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Municipal, específicamente para frenar, corregir o promover leyes, normas y resoluciones de entes reguladores a nivel nacional, provincial o municipal. En el caso de los legisladores, el lobbismo persigue orientar la función legisladora de manera que salvaguarde los intereses de las empresas o grupos de interés privados, mostrando que estos últimos están alineados con los mejores intereses de la nación.
Para algunos, la práctica del lobbismo en los EE. UU. tiene su origen durante la administración del presidente Ulysses S. Grant, que se inició en 1869. Grant tenía la costumbre, al terminar su jornada de trabajo, de mezclar un buen cigarro con un mejor brandy en el lobby del Willard, el legendario hotel en Washington, D.C. Grant, molesto por el acercamiento de estos habituales autopromotores que merodeaban en el lobby del hotel, se refería a los mismos como lobistas (“lobbyists”). Otros sitúan el inicio del lobbismo en EE. UU. en el año 1837.
El año pasado, 11,524 firmas o personas físicas estaban registradas en los EE. UU. para ejercer la práctica de lobbismo o cabildeo. Desde 1876, los lobistas deben cumplir con el requisito de registrarse en el Congreso. En 1995, el Congreso de los EE. UU. aprobó la Ley de Divulgación de Lobbismo (LDA), para endurecer los requisitos de divulgación. La LDA establece quién puede y quién no puede ejercer presión, y exige a los grupos de presión y de interés registrarse en el gobierno federal. Los gobiernos federal y estatal prohíben ciertas actividades, como hacer regalos a los legisladores y compensar a los grupos de presión con comisiones por el éxito (“success fees”) de sus actividades. Muchas actividades están prohibidas para evitar acusaciones de compra de votos o de conseguir indebidamente el favor de los legisladores.
El marco institucional vigente en los EE. UU. exige distintos niveles de divulgación sobre quienes contratan los servicios de lobbismo y la cantidad de dinero que pueden gastar los gestores de presión y los lobistas. Los requisitos de divulgación promueven la transparencia, pues los votantes tienen derecho a saber de dónde obtienen los candidatos el dinero para financiar sus campañas. Los candidatos pueden ser reacios a aceptar contribuciones de donantes afiliados a intereses impopulares, como los grupos de odio.
Cada firma de lobbismo debe presentar un informe trimestral de actividades. Las empresas de lobbismo presentan informes separados para cada cliente en cada periodo de informe trimestral, mientras que las organizaciones que emplean a grupos de presión internos, deben presentar un informe que cubre sus actividades de lobbismo internas en cada período de informe trimestral. Todos los informes deben presentarse electrónicamente.
En el período 1998-2020, US$63,729 millones fueron gastados en los EE. UU. en actividades de lobbismo. A pesar de que la mayor parte del 2020, la agenda del Poder Legislativo en los EE. UU. estuvo concentrada en las acciones necesarias para hacer frente a las crisis sanitaria y económica que sacudió al mundo y, con mayor intensidad, a los EE. UU., los lobistas no se quedaron encerrados en sus casas y apartamentos. Durante el 2020, el gasto en lobbismo en la principal economía del mundo alcanzó US$3,488 millones.
Los grupos de interés que se acoplan bajo asociaciones y las grandes empresas norteamericanas comandan el ranking de los principales gastadores de recursos en cabildeo. Durante el período 1998-2020, la Cámara de Comercio de los EE. UU. gastó US$1,665.3 millones, seguida por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios con US$671.5 millones, la Asociación Médica Americana US$443.0 millones, la Asociación Americana de Hospitales US$423.5 millones, los Fabricantes e Investigadores Americanos de Farmacéuticos US$419.6 millones, Blue Cross/Blue Shield US$396.9 millones, General Electric US$370.2 millones, la Mesa Redonda de Negocios US$321.1 millones, Boeing Co. US$301.3 millones y la Asociación Americana de Personas Jubiladas US$298.9 millones. Estas diez asociaciones y corporaciones son seguidas por las empresas de tecnología de defensa y aeroespacial Northrop Grumman y Lockheed Martin, la petrolera Exxon Mobil, las empresas de comunicaciones AT&T Inc. y Verizon Communications, la Asociación Nacional de Emisoras, Southern Co., el Instituto Eléctrico Edison, Comcast Corp y Altria Group. En el 2020, Facebook con US$19.7 millones y Amazon con US$18.7 millones, se colocaron en las posiciones 6 y 8 entre los diez gastadores más grandes de recursos en lobbismo en los EE. UU.
Los sectores económicos de EE. UU. que más recursos invirtieron en lobbismo durante el período 1998-2020 fueron la industria farmacéutica y de productos de salud con US$5,128.6 millones, la industria de seguros US$3,401.3 millones, las empresas de servicio de electricidad US$2,888.6 millones, la industria de electrónica US$2,865.8 millones, las asociaciones de negocios US$2,808.8 millones y la industria de petróleo y gas US$2,681.7 millones. Los 28 sectores económicos de los EE. UU. gastaron US$44,866.9 millones en lobbismo en el período 1998-2020.
Las asociaciones, sindicatos y corporaciones en los EE. UU. no pueden dar dinero directamente a los candidatos al Senado y la Cámara de Representantes. La Comisión Federal de Elecciones lo prohíbe. Pueden canalizar sus aportes a través de las firmas de lobbismo, es decir, a través de los lobistas. Las personas físicas pueden contribuir hasta US$2,500 a un candidato político en particular. En consecuencia, el propietario de una empresa organizada como corporación puede contribuir con un candidato político, siempre y cuando lo haga con sus propios fondos personales y no a través de una cuenta bancaria de la empresa.
Los lobistas, por el servicio prestado, cobran honorarios a las asociaciones, sindicatos o corporaciones a los cuáles prestan sus servicios de cabildeo. En el período 1998-2020, la principal firma de lobbismo en EE. UU., Akin Gump et al, percibió honorarios por US$706.2 millones, seguida por Squire Patton Boggs (antes Patton Boggs LLP) US$699.2 millones, Cassidy & Associates US$469.9 millones, Van Scoyoc Associates US$459.5 millones, Brownstein Hyatt et al US$374.0 millones, Holland & Knight US$335.9 millones, Williams & Jensen US$333.5 millones, Podesta Group US$254.8 millones, Ernst & Young US$253.9 millones y BGR Group US$253.9 millones. En total, las 71 firmas de lobbismo más importantes de los EE. UU. cobraron honorarios por US$7,646.5 millones durante el período 1998-2020. Sólo en el 2020, sus “fees” ascendieron a US$458.1 millones
Las asociaciones, sindicatos y corporaciones en los EE. UU. pueden también canalizar sus donaciones o aportes a través de los llamados Comités de Acción Política (PACs), los cuales son patrocinados por las propias asociaciones, sindicatos y corporaciones. Por ejemplo, la