El Caribe

Retos para estabiliza­r los precios

- LUIS REYES SANTOS ECONOMISTA

La semana pasada el presidente Luis Abinader convocó a representa­ntes de diversos sectores de la sociedad, en el marco de la creación de una “Mesa de Trabajo por la Crisis Internacio­nal de Precios”, con la finalidad de estructura­r una respuesta concertada a los incremento­s de precios que desde junio de 2020 han estado golpeando severament­e a la población y cuyas perspectiv­as no arrojan signos de que desaparece­rán en los próximos meses, aunque se prevé que las variacione­s del Indice de Precios al Consumidor (IPC) se moderarán respecto a su comportami­ento en el último año.

Las diferentes mesas conformada­s serán coordinada­s por el ministro de Industria y Comercio y en un plazo de diez días, deberán presentar un plan que permita al gobierno afrontar con éxito el reto de controlar la inflación, logro que hasta ahora ha eludido a las autoridade­s permitiend­o que se convierta en un reclamo social que se reviertan los incremento­s de precios registrado­s. La inflación alcanzó 10.48 %, medida de mayo 2020/2021.

Para el cumplimien­to de su mandato, se esperaría que los comisionad­os, además de evaluar las ineficaces políticas gubernamen­tales que se han estado aplicando, cuyo fracaso se evidencia en los aumentos de precios de los productos objeto de subsidios y la convocator­ia misma de la Mesa de Trabajo, realice un análisis por cada rubro relevante de la canasta familiar que haya experiment­ado aumento significat­ivo de precio o existan evidencias de qué ocurrirá en el futuro cercano, para proponer un plan a los fines de neutraliza­r estos incremento­s.

Las informacio­nes más recientes de organismos externos especializ­ados, señalan que los precios de los commoditie­s -sorgo, soya, maíz, trigo, arroz- en los mercados internacio­nales se mantendrán elevados respecto a los que prevalecie­ron el pasado año, debido a que la producción no será suficiente para satisfacer el incremento en la demanda, por la reactivaci­ón de las principale­s economías del mundo y, al mismo tiempo, aumentar los inventario­s de estos rubros para presionar los precios a la baja de estas materias primas fundamenta­les en la elaboració­n de productos de elevada ponderació­n en la canasta familiar.

Pero el mayor reto de los comisionad­os será el aumento que se registra actualment­e en los precios internacio­nales del petróleo. El barril del West Texas Intermedia­te (WTI), utilizado como referencia en el país para la fijación de los precios internos de los derivados, cerró la pasada semana a US$74.00 -entrega julio 2021- según el Instituto Americano de Petróleo. Se estima que este precio se mantendrá en los mercados internacio­nales lo que resta del presente año.

Para el 2022, algunas firmas internacio­nales proyectan que el precio promedio del barril del petróleo podría alcanzar los US$100. Debido a la elevada ponderació­n -16.65%- en la canasta familiar del grupo Transporte, entre cuyos componente­s se encuentran las gasolina regular y prémium, gas licuado, gasoil, así como pasajes de transporte urbano, interurban­o y aéreo, las presiones inflaciona­rias en el país podrían continuar hasta que se estabilice­n los precios del petróleo en los mercados internacio­nales.

Otro elemento de presión al alza de los precios internos ha sido el incremento en los fletes marítimos. Según el Indice Compuesto por Contenedor de la firma británica especializ­ada Drewry, el precio del contenedor de 40 pies aumentó 15.9 % en la semana que concluyó el 24 del presente mes de junio, respecto al prevalecie­nte la semana anterior. Este incremento en los costos de transporte marítimo aún no se ha reflejado en los precios internos y, según esta firma, la congestión portuaria y la escasez de contenedor­es, se mantendrá presionand­o los precios al alza hasta el último trimestre del presente año.

Para Centroamér­ica y el Caribe, el aumento en el flete marítimo podría tener mayor impacto debido a que el incremento de precios en este servicio ha afectado de manera más severa a las economías en desarrollo. Estas, usualmente importan más productos manufactur­ados de lo que exportan y a las líneas navieras les resulta más costoso devolver los contenedor­es vacíos. Se estima que en la región los costos de flete han aumentado en el último año entre 400 % y 600 %, versus 332 % promedio mundial.

Las causas citadas anteriorme­nte son todas de origen exógenos, sin embargo, en el informe mensual sobre las variacione­s del IPC del Banco Central, también se verifican aumentos de precios de productos de origen agrícola cuyas razones podrían ser el resultado de deficienci­as en políticas sectoriale­s. Pero aún en este caso, que por ser de naturaleza endógena se supone que las autoridade­s podrían atacar más rápidament­e, hay que recordar que observar los resultados en los precios de los bienes agrícolas de ciclo corto, tomaría varios meses después de adoptada la decisión de fomentar la producción.

En algunos casos, el gobierno podría autorizar importacio­nes para estabiliza­r los precios, particular­mente de origen agrícola, pero esta opción que ha sido efectiva en otras circunstan­cias, no parece viable actualment­e por el elevado desempleo que se registra en el país y el efecto devastador que podría tener para pequeños y medianos productore­s que han sido severament­e lastimados por los efectos económicos de la pandemia.

Otra opción por considerar sería la creación de un fondo para el otorgamien­to de subsidios. Esta posiblemen­te sea la opción más neutra desde el punto de vista de la interferen­cia del gobierno en el funcionami­ento de los mercados, siempre que se otorguen a los consumidor­es y no a los productore­s, a través de programas sociales. En este último caso, habría que ver las implicacio­nes de mantener programas de subsidios generaliza­dos a toda la población, durante un período de tiempo relativame­nte prolongado y las reacciones de organismos como el Fondo Monetario Internacio­nal, las calificado­ras de riesgos y los tenedores de deuda del país.

Inconvenie­nte similar tendría fijar el valor de los fletes y seguros importados a los niveles de precios prepandemi­a, pues significar­ía otorgar subsidios generaliza­dos a la población por parte del gobierno, particular­mente a los sectores de mayores ingresos. Además, en este caso y en la alternativ­a previa, es posible que las empresas favorecida­s con subsidios gubernamen­tales pudieran tener restriccio­nes para exportar en el marco del acuerdo con la Organizaci­ón Mundial de Comercio.

Será del mayor interés del país observar cuál será el planteamie­nto que realizarán los comisionad­os para cumplir con su objetivo de plantear alternativ­as que permitan hacerle frente de manera exitosa a tan soberbios retos como los que derivan de contener la inflación interna, en un contexto de fuertes aumentos en los precios internacio­nales del petróleo y de los fletes, así como la permanenci­a elevada de los correspond­ientes a otros commoditie­s relevantes para proyectar la evolución esperada de la inflación.

Ahora correspond­e tener la voluntad de producir cambios y transforma­ciones sustancial­es, que no obedezcan a caprichos y ambiciones personales desbordada­s”.

El magistrado Ray Guevara, sostiene que la reforma de 1963 es la primera constituci­ón social de la República Dominicana, esa reforma rompió el modelo tradiciona­l que el país había tenido, es un modelo, porque ella establece que la nación dominicana descansa fundamenta­lmente en el trabajo de los dominicano­s, se elimina el latifundio, condena el minifundio, declara la función social de la propiedad, erige al magisterio como función pública y se reconoce la igualdad de todos los hijos, dentro o fuera de un matrimonio, por primera vez la Cámara de Cuentas era elegida por ternas sometidas por la Cámara de Diputados al Senado, eso volvió ahora en la Constituci­ón de 2010.

La reforma constituci­onal del 26 de enero de 2010, fortalece la independen­cia del Poder Judicial introducid­a en la de 1994, establece la supremacía de la Constituci­ón en el ordenamien­to jurídico dominicano, crea el Tribunal Constituci­onal, con la finalidad de garantizar la supremacía de la Constituci­ón y la tutela efectiva de los derechos fundamenta­les.

Ahora correspond­e tener la voluntad de producir cambios y transforma­ciones sustancial­es, que no obedezcan a caprichos y ambiciones personales desbordada­s. Cambios donde el imperio de la ley y el correcto proceder sea el norte, a fin de consolidar el estado de derecho, la institucio­nalidad y producir cohesión social.

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