MP: Jean Alain y los otros gastaron dinero sin control
Expediente dice incineraron documentos, desaparecieron evidencias y eliminaron fuentes vitales de información
Jean Alain Rodríguez IMPUTACIONES. y sus alegados cómplices malversaron millones de pesos de la Procuraduría General de la República (PGR) sin ningún reparo y para que no fueran descubiertos después del cambio de Gobierno, en la transición incineraron documentos, desaparecieron cientos de evidencias y eliminaron las principales fuentes de información.
Así lo ha establecido el Ministerio Público en la investigación que realizó a la gestión del exprocurador, quien hoy entrará a un tribunal para comparecer como imputado, y no uno cualquiera, sino como acusado de estafar al Estado por más de 6 mil millones de pesos.
Supuestamente, Jean Alain y el grupo formatearon la data de información de departamentos administrativos y borraron las de otras direcciones donde presuntamente realizaron maniobras para distraer dinero.
El Ministerio Público, explica, por ejemplo, que eliminaron la base de datos del Departamento de Contabilidad, donde alegadamente se hacían trucos para crear nóminas de contratos ficticios y con esto desviar fondos.
El responsable de borrar los datos, dice el órgano acusador, es el imputado Javier Forteza Ibarra, quien ocupó la posición de director de Tecnología de la Información de la Procuraduría.
Pero, Jean Alain y Forteza Ibarra no son los únicos imputados en este caso. También están implicados Miguel José Moya, quien se desempeñó como asesor de la Procuraduría; Jonnathan Rodríguez Imbert, exdirector administrativo y financiero de la entidad; Rafael Mercede Marte, exencargado del Departamento de Contabilidad; Altagracia Guillén Calzado, pasada subdirectora administrativa; Jenny Marte Peña, exencargada de construcción del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, y Alfredo Solano Augusto.
Malgastaron dinero sin control
El grupo supuestamente incurrió en varias prácticas para sustraer dinero del Estado y malgastó dinero sin control alguno.
En la solicitud de medida de coerción, se explica que solo para anunciar que ampliarían la cárcel Najayo y que construirían La Nueva Victoria se gastaron más de 8 millones de pesos, y para el montaje escogieron una empresa que tenía vínculos con Jean Alain desde mucho antes de ser procurador.
Con la pandemia, supuestamente, vieron otra oportunidad para distraer fondos. El Ministerio Público indica que adquirieron materiales para enfrentar la covid-19, pero previamente ya habían seleccionado los proveedores vinculados a ellos mismos.
De acuerdo a las pesquisas, el imputado Jonnathan Rodríguez Imbert, exdirector administrativo y financiero de la Procuraduría, era el encargado de recolectar el 10 % del pago de las empresas beneficiarias como proveedores de obras y servicios.
Además, continúan detallando los fiscales anticorrupción, adquirían combustibles de forma fraudulenta. En febrero del pasado año, supuestamente, se gastaron más de 10 millones de pesos en compra de gasolina y gasoil, pero en la actualidad no hay evidencia de a quién le fue entregado.
Para la malversación de fondos, presuntamente, los ocho implicados sobrevaloraron hasta cuatro veces el precio original de instrumentos de antropología para el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). El dinero fue donado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que entregó a la Procuraduría casi dos millones de pesos.
Pero algo peor pasó con la adquisición de equipos para sistema de monitoreo, seguridad y vigilancia de las cárceles dentro del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, pues, dicen los investigadores, que se gastaron más de 420 millones de pesos y muchos de esos no están en poder de la Procuraduría y no hay registros de su paradero.
Sistema de espionaje
Las pesquisas de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) arrojaron que también se utilizaron programas informáticos para espiar a los empleados de la institución, se interceptaron sus comunicaciones y las de cientos de ciudadanos.
“En una maquinaria de espionaje con fines de intimidar, extorsionar y de tener informaciones privilegiadas”, precisa en la solicitud de medida de coerción que será conocida hoy a las 10 a.m. por la jueza Kenya Romero.