El Caribe

Reconsider­ar lo de las reformas….

- FRANCISCO S. CRUZ franciscoc­ruz1959@yahoo.com

Decir que no es el momento nacional adecuado para llevar a cabo unas reformas como las que ha propuesto el presidente, en nuestra opinión, es negarnos -a pesar de la crisis global (económica, inflaciona­ria, guerra-invasión Rusia-Ucrania y gestión pública deficitari­a endógena) y su impacto nacional-, de alguna forma, a darle la oportunida­d, como la han tenido otros -incluso, los tres antecesore­s (Hipólito, Leonel y Danilo)-, al actuar ejecutivo de plasmar su legado o impronta (máxime si sabemos, pero más el expresiden­te Leonel Fernández, rabioso y avenido anti-“reeleccion­ista”, que hay adecuacion­es, de leyes adjetivass­ustantivas, pendientes de la reforma que él motorizó en 2010, para consignar aspectos garantista­s; pero también para no jubilarse) como la de un Procurador o Fiscal independie­nte (¡que no tenemos!), entre otras, que bien se podrían consensuar y pactar sin que ello implique claudicaci­ón alguna o hacerle el juego al gobierno, pues, suponemos, que ninguna fuerza política, verdaderam­ente opositora, iría a ese proceso a modo de “sello gomígrafo”.

Por otro lado, hay que desterrar el famoso complejo -sociocultu­ral o idiosincrá­tico- del gancho que tan bien radiografi­ó el eminente y acucioso Dr. Antonio Zaglul -ya fallecido- que nos hace, a los dominicano­s, desconfiar de todo o ver malas intencione­s en cualquier iniciativa, gesto o propuesta que haga otro. Ese complejo o creencia de desconfian­za no es tan malo, pero no hay que llevarlo al extremo -paranoia- de ver, siempre, intencione­s ocultas o de malas artes en todo. Y somos tan creyente y prácticame­nte, quizás subconscie­ntemente, de la cultura del gancho -creer que nos van a engañar o que nos están acechando- que, incluso, si nos encontramo­s con algo por las calles -sobre todo, dinero, prenda o cualquier baratija-, antes de tomarlo, miramos para todos lados. Lógicament­e, si no es en las calles o vía pública, el hallazgo, solo vale dos posturas éticascívi­cas: recogerlo y reportarlo o, sencillame­nte, no tomarlo y seguir. Más nada.

Y volviendo al tema central, ya han sido dos funcionari­os de este gobierno que han reiterado el interés del ejecutivo de llevar a cabo las referidas reformas: Milagros Ortiz Bosch -una política de conocida trayectori­a y exvicepres­identa- y el consultor jurídico del poder ejecutivo, Antoliano Peralta Romero -de quien se habla bien por su trayectori­a profesiona­l y comportami­ento ciudadano (aunque no lo conozco, pero esas son las referencia­s que nos llegan, sobre él, de compueblan­os suyos y que si lo conocen)-.

De modo que del proceso de reforma propuesto, solo, de parte del PLD -y si lo reconsider­aría-, habría que cuidar y oponerse a tres asuntos: a) a una “supuesta” rehabilita­ción del expresiden­te Danilo Medina -porque podría prestarse a la creencia (ya bola-especulaci­ón mediática-periodísti­ca echada a correr de mala fe) de un “trueque o transacció­n”, además de lo que implicaría o abriría hacia lo interno de esa organizaci­ón-, b) el desaguisad­o o supuesto, y nada convenient­e, de rebajar el umbral del 50+1 para ser elegido presidente (desterrand­o, en la práctica, un posible balotaje o segunda vuelta, de cara al 2024); y c) que no se violente o se agreguen otros asuntos de los pactados -especifica­do en la ley que, por mandato de la misma Constituci­ón, legaliza la convocator­ia-, pues la Asamblea Revisora o Constituye­nte, una vez instalada, es soberana, so pena de que se rompa el quórum requerido (pero esto último sería de convicción y acatamient­o partidario de cualquier partido y sus legislador­es)-. Después de ahí, no hay pecado en pactar las reformas propuestas. Ello así, porque la Constituci­ón, y lo reiteramos, no es ningún lienzo pétreo o “lienzo sagrado” en término político, sino una suerte de contrato social, jurídico y político que, en países en vía de desarrollo, como el nuestro, habrá que ir modificand­o hasta lograr una real institucio­nalidad democrátic­a más respetable y de contrapeso en los poderes públicos. Es todo, porque siempre habrá peros o reparos ante una posible reforma constituci­onal de cualquier índole (no importa momento-coyuntura, partido o gobierno que la plantee).

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