Una prohibición está complicando en RD la seguridad privada
En un contexto como el actual, con la delincuencia en ascenso, los guardianes son auxiliares de importancia
La delincuencia en República Dominicana está en un pico preocupante, desbordada, y es ahora, precisamente, cuando muchas empresas y personas están detrás de pagar su seguridad privada, frente a la deficiencia de la pública.
Las compañías que ofrecen ese servicio están dispuestas a trabajar y a ser auxiliares de las autoridades, pero el Estado las tiene en una situación difícil, prácticamente con “el juego trancado”, porque están impedidas de importar armas, sean éstas letales o no letales.
Esa prohibición a la importación está vigente hace 16 años, según explicó el presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc), Adi Grimberg, en su participación en el Desayuno de elCaribe- CDN.
“A nosotros nos gusta decir instrumentos de trabajo, porque son los instrumentos que usamos para cuidar bienes, vidas, activos y propiedades en el país”, explicó el representante empresarial en el abordaje del tema, al referirse específicamente a la cuestión de las armas.
“Le damos servicio a todo el mundo, a toda la industria… Aeropuertos, bancos, muelles, residencias, casas, plantas, fábricas, torres, etcétera. Y para dar ese buen servicio y buena asistencia necesitamos instrumentos de trabajo”, precisó.
Dijo que no se trata solo de tener cámaras, vehículos, alarmas y uniformes, sino que se requiere de la herramienta principal, que es un medio de defensa.
“Y esa arma de defensa puede ser un arma de fuego, una pistola, una escopeta… y puede ser un arma menos letal; un gas pimienta, municiones, chalecos antibalas (…). Pero tampoco tenemos eso asequible, porque está prohibido”, lamentó Adi Grimberg.
En la Adesinc hay 28,000 hombres, mientras el sector completo tiene un estimado de 48,000 (en la parte formal), y existen casi 100 mil más en la informalidad, de acuerdo con los números de la organización. Esa informalidad es la consecuencia de no contar en la República Dominicana con un marco legal o una ley sobre la materia, que es la base de la pirámide.
“Aquí lamentablemente no se mide la prevención; se mide el índice de delincuencia, se mide el índice de delito, pero nadie mide la prevención. Nuestro trabajo es la prevención”, plantea Grimberg en la conversación.
Se lamentó de que esas mediciones no se realicen y dejó claro que las compañías de seguridad privada tienen la capacidad para ser auxiliares de la seguridad pública y aportar a la seguridad ciudadana, día y noche, con hombres, recursos y medios técnicos.
“Los hay; ya están instalados, están funcionando y están trabajando. Ahora bien, para hacer todo esto, que suena muy bonito, necesitamos un marco legal para poder operar y para poder tener actores del mismo nivel (todos)”, expuso.
Advirtió sobre los problemas que implica tener una competencia desleal, por vía de la elevada informalidad en las compañías de seguridad (algunos les llaman de guardianes) presentes en el territorio nacional.
Grimberg acudió al encuentro en compañía de la directora ejecutiva de la Adesinc, Katia Salomón, y de Enver López, coordinador de Comunicaciones.
El sector de seguridad privada en República Dominicana tiene muchos retos, y la ausencia de una ley es uno de ellos. Para esa actividad no existe una base legal, contrario a lo que ocurre en otras sociedades modernas, que sí la poseen.
Desde el punto de vista del representante de las empresas de seguridad privada, una ley permitiría a las autoridades competentes apretar, minimizar o eliminar la presencia de empresas del ramo que trabajan de forma informal y fuera de toda regla, incluyendo las que no cumplen con obligaciones impositivas de ninguna índole.
Es una informalidad que además afecta a quienes contratan el servicio, así como a los ciudadanos, porque se recibe un servicio de muy baja calidad y de alto riesgo, incluida la responsabilidad civil, si llega a pasar algo.
La seguridad privada es la que se ejerce de la puerta para adentro, la pública es de la puerta para afuera. Y ambas son en el actual contexto de elevada importancia, tomando en cuenta el azote de la actividad delictiva en el país, a todas horas del día y la noche, sin importar el lugar.
“Tratamos de minimizar los riesgos, porque el noventa por ciento de nuestro trabajo es la prevención, en el ámbito de la seguridad privada”, explicó Adi Grimberg en la conversación.
Se refiere a la labor que realizan día y noche 70 compañías que conforman a Adesinc y su personal, que contribuyen con alrededor de 82 millones de horas de vigilancia anualmente.
“Y lo más importante: Es trabajando para el motor productivo de la economía del país. Es un trabajo de hombres y mujeres, y gracias a Dios y a ese trabajo, en muchísimos comercios y establecimientos donde prestamos servicio, los atra
cos son mínimos”, indicó Grimberg.
Resaltó que las empresas que componen a Adesinc están comprometidas a seguir trabajando, aunque no existe un marco de ley. “Tenemos una entidad que nos supervisa, bajo un decreto, y nos supervisa muy bien y no hay problemas ahí”, apuntó. Habló sin titubeos del tema.
Esa institución supervisora a la que hace referencia el representante de la Adesinc es la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP), creada vía el decreto 1128-03, de fecha 15 de diciembre 2003.
Es órgano de ejecución, con la función de ejercer el control, regulación y supervisión de las empresas de seguridad privadas, con el objetivo de verificar el cumplimiento por esas entidades, de acuerdo a lo dispuesto en los reglamentos, normativas internas, instructivos y circular.
Adicionalmente, le corresponde proponer las autorizaciones o las revocaciones de licencias de operación a las empresas de seguridad privada que deba evaluar el consejo directivo. La SVSP es una dependencia del Ministerio de Defensa.
Detrás de ellos hay familias
Según los cálculos aritméticos que realiza Adi Grimberg, por cada guardián o vigilante privado en República Dominicana hay por lo menos cinco personas dependientes y otros indirectos.
“Y encima de eso no tenemos un marco legal. Y nosotros nos preguntamos: ¿Qué sector está pidiendo que lo regulen?. Yo no conozco ninguno. Nosotros lo estamos pidiendo”, sostuvo.
“Regúleme, fiscalíceme, amonésteme, supervíseme. No estamos pidiendo más nada, solo eso. Es una ley que pedimos para poder brindar un servicio de calidad, mejores entrenamientos y mejores equipamientos”, añadió.
La Adesinc fue fundada en enero de 1982 e incorporada con el decreto número 108-92, de fecha 2 de abril de 1992.
Las empresas miembros pagan en nómina un total de RD$3,000 millones.
Informes de la entidad indican que sus miembros pagan al fisco un estimado de RD$288 millones al año, cerca de RD$457 millones anuales en seguridad social y RD$30 millones cada año en sus contribuciones al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep). Para ofrecer esas cifras la organización está tomando de base el último estudio realizado por Deloitte al sector.
Deloitte (DTT) es una marca bajo la cual se agrupan profesionales que brindan servicios de auditoría, consultoría, manejo del riesgo, asesoramiento financiero y en impuestos para las principales empresas del mundo. Tiene presencia en República Dominicana.
La última o más reciente estadística que se tiene indica que el aporte al Infotep, es de 40.9 millones de pesos, sólo por parte de las empresas de Adesinc.
“Y nosotros buscamos que esos aportes y contribuciones que hace el sector sean retribuidos precisamente en eso, en profesionalización, en el poder de adquisición de nuestras herramientas de trabajo (desde un chaleco antibalas, hasta una bota y el arma de fuego), que son los mecanismos de defensa de nuestros oficiales”, argumentó la directora ejecutiva de Adesinc, Katia Salomón.
“Digo esto porque se queremos oficiales de seguridad capaces y muchas veces criticamos cómo se ve y cómo se perfila un oficial de seguridad o el arma que tiene, que a veces es un arma vieja, sin embargo yo tengo el peso de una prohibición de importación”, insistió.
Adesinc agrupa empresas de seguridad de las modalidades de vigilancia, transporte de valores, asesoría en esa área, consultoría e investigación, seguridad electrónica, seguridad VIP, distribuidores de equipos de seguridad y cuerpo de seguridad propia.
Sentencia y artículo de “alivio”
En mayo de este año fue notificada la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró contrario a la Carta Magna el artículo 14 numeral 2 literal F, de la Ley 631-16 de Porte y Tenencia de Armas de Fuego, que exigía a las compañías de vigilancia contratar personal armados mayores de 30 años de edad.
Es un paso de avance, permitirá a las compañías de guardianes contratar personal con una edad menor. Por años se les ha criticado (con razón o no) que contratan a personas de avanzada edad.
Las explicaciones ofrecidas tanto por Katia Salomón, como por el presidente dejaron claro que parte del problema residía en ese impedimento que se tenía para acoger a menores de 30 años, si la función implicaba que usaran armas.
“Era muy desconcertante y discriminatorio ver a miles de ciudadanos en una edad productiva, muchos con una familia que sustentar, y que por disposiciones de esa Ley no podían dedicarse a laborar para nuestro sector al no tener la edad para el porte y tenencia de armas de fuego”, expuso Salomón.
En el 2018, se había solicitado al Tribunal Constitucional, vía la abogada Katia Salomón, que fuera declarado inconstitucional el citado requisito de la limitante de la edad, porque restringía e infringía valores supremos y principios fundamentales como el derecho al trabajo, la seguridad jurídica y la razonabilidad de la norma, entre otros, los cuales constituyen el objetivo ideológico de la constitución.
Demanda, miedo y hoja de vida
En la medida que la inseguridad se ha elevado en el país, también ha ido incrementando la demanda de agentes de seguridad privada y medios técnicos (alarmas, cámaras y otros). Los datos de la Adesinc lo reflejan.
El mayor “consumidor” de seguridad privada es el sector financiero, pero también se ofrece el servicio a restaurantes, escuelas, clínicas, oficinas jurídicas, colegios y otros. “Es que somos empresas de servicios, como si hablaras de una empresa de mantenimiento, de limpieza. El país lo exige”, expuso el presidente de la Adesinc. Es un conocedor
del tema que habla. Adi Grimberg, de nacionalidad argentina y criado en Israel, fue subteniente de barco en la marina de guerra en Israel. Ha desempeñado cargos de asesor, instructor, coordinador, director y vicepresidente en el sector de Seguridad privada, con más de 22 años de experiencia.