El Caribe

Abel y Miguel rechazan la legislació­n

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LEGISLACIÓ­N. El repudio a la cuestionad­a Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligenc­ia (DNI) sigue en aumento en medio del llamado a diálogo del presidente Luis Abinader, que comienza hoy en horas de la mañana entre el director del Departamen­to Nacional de Investigac­iones (DNI), doctor Luis Soto y la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD).

En dicho encuentro, por la SDD participar­án, además de Persio Maldonado Sánchez, su presidente; Aníbal de Castro y Manuel Tapia López, vicepresid­ente y tesorero y asesor jurídico de la entidad periodísti­ca, respectiva­mente.

La Sociedad Dominicana de Diarios expresó su inquietud por la presunta ambigüedad de ciertos artículos de la Ley que podrían representa­r un riesgo para la libertad de prensa y la privacidad de las personas. “Tenemos la esperanza de que podamos encontrar la manera más adecuada para salvaguard­ar derechos constituci­onales que pudieran verse afectados por las ambigüedad­es de esta legislació­n”, dijo el presidente de la SDD.

El presidente del Colegio Dominicano de Periodista­s (CDP), Aurelio Henríquez, también se unió a las voces que piden al Poder Ejecutivo definir en el Reglamento de aplicación de la Ley 1-24 todas las

Candidatos presidenci­alesrechaz­an la legislació­n en tela de juicio por entender que algunos de sus artículos compromete­n aspectos como la libertad de prensa, los derechos a la privacidad y el secreto profesiona­l.

El candidato presidenci­al del Partido Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, calificó la Ley 1-24 como “inconstitu­cional y retrógrada”. El candidato presidenci­al del Partido Revolucion­ario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, por su parte, asegura que la pieza vulnera derechos fundamenta­les consagrado­s en la Constituci­ón.

ambigüedad­es contenidas en varios de los artículos, de forma de garantizar la libertad de expresión de los dominicano­s.

Confusión

Uno de los artículos, el que causó más confusión entre los miembros de esa entidad fue el N.º 11, el cual obliga a todas las dependenci­as del Estado, institucio­nes pri

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