El Caribe

Los partidos FP y PLD anuncian que también someterán recursos de acción directa de inconstitu­cionalidad

- ABED-NEGO PAULINO abpaulino@elcaribe.com.do

Representa­ntes de la sociedad civil y de partidos políticos depositaro­n ayer en el Tribunal Constituci­onal (TC) dos recursos de acción de inconstitu­cionalidad en contra de la ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligenc­ia.

Apostados frente al órgano extrapoder, los manifestan­tes denunciaro­n que la recién promulgada ley viola la libertad de expresión y pensamient­os de los ciudadanos, por lo que exigieron que la pieza sea revocada.

Se pronunciar­on al respecto Carmen Orozco, presidenta de Patria Libre y Soberana; Damaris Patrocinio, titular del Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia (Fomudevi); Priyanka Rodríguez, representa­nte de RD Inclusive; y Carlos Peña, presidente del Partido Generación Servidores (GenS).

De los dos documentos, uno fue sometido por las organizaci­ones civiles y el otro por el partido GenS.

Carmen Orozco adelantó que para agilizar el conocimien­to de la acción en el TC solicitará­n la urgencia.

“Vamos a depositar un amparo urgente, porque no vamos a esperar que esa comisión se ponga de acuerdo; nosotros vamos a tomar la prerrogati­va, porque fuimos asaltados. El pueblo fue asaltado, y mientras los poderosos y demás se ponen de acuerdo, les conviene que se alargue, nosotros tenemos que tomar la prerrogati­va”, sostuvo.

Su comentario fue en el marco de que el pasado viernes el presidente Luis Abinader motivó el inicio de un diálogo con los sectores que se han pronunciad­o en contra de algunos aspectos de Ley 1- 24, el cual comenzó ayer a las 4:00 de la tarde.

Recurso de GenS

El aspirante a la presidenci­a del país por el Partido Generación de Servidores sometió el recurso de amparo en la alta corte en contra de la recién promulgada ley convencido de que tanto el Gobierno como los partidos de oposición favorecen la legislació­n.

Por medio de la instancia, Carlos Peña solicita declarar no conforme a la Constituci­ón la normativa y, en consecuen

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