Falcondo no puede vender ferroníquel por orden tribunal
Un tribunal de Inglaterra con competencia en materia de arbitraje prohibió a Falconbridge Dominicana vender, disponer o permitir la eliminación de ferroníquel producido en sus instalaciones.
La medida CL-2024-000022 surge en respuesta a la solicitud de los demandantes Arrowmetals y Trading Ag, grupo con alta experiencia como proveedores mundiales de ferroníquel, con el que la empresa mantiene estrecha relación comercial como proveedora de metal.
La orden judicial, con fecha 15 de enero 2024, se da días después hacerse público que Falcondo busca un socio que compre su producto final y proporcione prefinanciamiento para este contrato en momentos en que la empresa minera atraviesa una profunda crisis financiera y administrativa y lidia con la renuncia sorpresiva de su presidente, Sr. Moutafis.
La decisión del Tribunal Superior de Justicia, Tribunales Comerciales de Propiedad de Inglaterra y Gales, Tribunal de Comercio en Materia de Ley de Arbitraje, prohíbe, además, a Falconbridge Dominicana permitir que cualquier tercero, distinto del demandante Arrowmetals y Trading Ag, adquiera interés en tal ferroníquel.
Pocas veces, Falconbridge hace mención de sus clientes y proveedores, sin embargo, en una carta enviada al ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, el director del Consejo de Falcondo, Marcos Camhis, informó que “el único cliente de Falcondo redujo los pagos a la empresa y finalmente dejó de realizar nuevos pedidos de ferroníquel en una salida completamente sorprendente”.
En la misiva, precisa que al tiempo
que su filial que suministraba combustible a la empresa también cambió su política y dejó de suministrarle productos derivados del petróleo, y solicitó contingencias financieras extremas. Al respecto afirma: “Sobre una base consolidada, todas las deudas con este grupo fueron y están totalmente pagadas”.
Consecuencias de desacatar orden
El documento judicial, en su aviso penal, advierte que la si Falconbridge dominicana S.A. no cumple con esta orden puede ser detenida en descontento al tribunal y puede ser multada o hacer que sus activos se embarguen.
De igual manera, sus directores pueden ser encarcelados, multados o incautados sus bienes, y si alguna otra persona que conoce esta orden y hace algo que permita al demandado incumplir los términos de esta, también puede considerarse en descontento al tribunal y puede ser encarcelada, multada o sus bienes embargados.