Después puede hacerse tarde

Definir una política hacia Haití sobre la base de un respeto mutuo, que tome en cuenta el historial de nuestros vínculos y las características de esa relación, es una de nuestras prioridades. La inmigración ilegal es un tema pendiente de abordar con seriedad y profundidad.

No se sabe cuántos haitianos viven ilegalmente en el país. Sobre la cifra se ha hecho infinidad de cálculos. Se habla hasta de dos y hasta tres millones y medio, lo que representaría alrededor de entre un 20 % y un 25 % de la población adulta dominicana, según el censo nacional. Sean reales o no las estimaciones, lo cierto es que el aumento de la inmigración agrava los problemas sociales, por efecto de su impacto en el empleo, los servicios hospitalarios, la enseñanza pública y otras áreas de la vida nacional.

Los dominicanos hemos rehuido el debate de este tema, esencial en el marco de las relaciones con el estado vecino. Una comisión bilateral mixta, creada por gobiernos de ambas naciones para discutir en un plano de franqueza y amistad las diferencias existentes, no se reúne con la regularidad necesaria y una enorme cantidad de asuntos siguen pendientes de discusión y solución.

No es el caso establecer ahora responsabilidad por esta falla, producto tal vez de la indiferencia, la apatía que ha caracterizado el trato diplomático entre los dos países, como si Haití estuviera bien lejos de nosotros y no al lado, separado sólo por una frontera frágil de más de trescientos kilómetros de longitud. Por lo general las naciones se percatan de los peligros que las amenazan cuando se convierten en una realidad, a la que deben entonces enfrentar en condiciones desventajosas. La cuestión es que si posponemos indefinidamente el tema de la inmigración, en el plazo de una década podríamos vernos con cuatro o cinco de ilegales, situación que el país no podría manejar de ningún modo.