El Caribe

Ley DNI, Congreso y responsabi­lidad

- DANIEL GARCÍA SANTANA Especial para elCaribe

La Ley para la institucio­nalización de la Dirección Nacional de Inteligenc­ia (DNI) fue aprobada en el Congreso Nacional sin la debida atención, revisión y estudio que ameritaba esa importante pieza para nuestro país, como se puede apreciar por las excusas y posiciones de algunos legislador­es.

Más que analizar e inmiscuirm­e en el debate sobre la constituci­onalidad o no de algunos artículos de esa necesaria Ley para el soporte de las investigac­iones formales, considero que los legislador­es presentes y futuros deben ser más responsabl­es con las labores para las cuales son escogidos por los ciudadanos.

Con esa Ley se repite la historia, como es el voto de congresist­as por un proyecto sin ser ni siquiera leído, menos estudiado. Por razones como esa es que a cada momento descubrimo­s que algunas leyes contienen disposicio­nes y normativas iguales, contradict­orias o muy oscuras.

Pero, a veces, la irresponsa­bilidad de un congresist­a va más allá del desconocim­iento sobre el contenido de un proyecto de ley introducid­o en nuestro Congreso Nacional.

Se extiende a la inasistenc­ia a las sesiones, reuniones de las comisiones o a otras labores propias de sus funciones. De ese mal hemos sufrido desde la fundación de República Dominicana.

Pagamos a cada legislador, cumpla o no, un salario digno. Por ejemplo, tenemos 190 diputados y cada uno recibe cada mes un salario de RD$ 175,000, RD$87,000 extra a su sueldo, RD$35,000 para gastos de representa­ción, RD$20,000 de combustibl­e y alrededor de RD$300,000 por el llamado cofrecito. “Invertimos” cada mes alrededor de RD$617,000 en cada uno de los diputados, equivalent­e a RD$ 1 1 7. 2 millones mensuales y RD$1,406.4 millones anuales en todos los legislador­es de la Cámara de Diputados, sin agregar otros beneficios, como dos exoneracio­nes de vehículos.

La ciudadanía debe empoderars­e y exigir más a nuestros legislador­es, sin miramiento de partidos o colores, por el bien común y de nuestra institucio­nalidad.

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