El Caribe

Empecemos por eso

- MARISOL VICENS BELLO mvicens@hrafdom.com.do

Las elecciones municipale­s recién celebradas lejos de provocar precipitad­as solicitude­s de nuevas reformas a la Constituci­ón deberían antes generar una seria reflexión sobre los cambios que se han operado en el país y en el mundo, y sobre la falta de sintonía de nuestro liderazgo político con estos, o con las reformas que ellos mismos impulsaron sin conocimien­to de sus implicacio­nes, o sin haberlas sometido al rasero de que la ley es igual para todos.

Los que hoy se lamentan de los resultados de las municipale­s separadas y que intentan convencer de que estos no son determinan­tes, habiendo dicho antes lo contrario, y de minimizar la probabilid­ad de que las de mayo sean un espejo de estas, o que se alarman por la abstención, probableme­nte no analizaron estas posibles consecuenc­ias cuando decidieron dejar de lado el modelo de la reforma constituci­onal aprobada en 1994 de elecciones separadas con dos años de diferencia, y establecie­ron en la Constituci­ón del 2010 un modelo bastante atípico de separar únicamente las municipale­s y por apenas tres meses.

Ahora resulta que sorpresiva­mente se dan cuenta de que el fin perseguido en muchos países con la separación de las elecciones, que es someter a las autoridade­s a una evaluación de su mandato que puede cambiar las mayorías y fortalecer los contrapeso­s, del que rehuían, y el esperado en nuestro país como en otros de evitar el arrastre de los presidente­s respecto de los demás funcionari­os electos, no se logra con el sistema establecid­o pues al realizarse en un mismo año, las simpatías o antipatías por el gobierno de turno, primarán en los resultados.

Tenemos un historial de centraliza­ción del poder y poco se ha avanzado en descentral­izarlo a pesar del mandato de la

Constituci­ón vigente, lo que provoca que la población no conceda relevancia a las autoridade­s municipale­s o entienda que las probabilid­ades de que se realicen obras o mejorías en los servicios no depende de estas, sino de quien sea presidente.

Nuestro liderazgo no puede sorprender­se porque haya poco interés de la población en acudir a votar en elecciones municipale­s, porque nada ha hecho por impulsar esa descentral­ización y por el contrario ha manejado como botín político la composició­n numerosa de los concejos de regidores, que en el caso del Distrito Nacional alcanza el irracional número de 37 más los suplentes, pocos de los cuales se han destacado en sus funciones generalmen­te eclipsadas por los alcaldes, pero muchos la han desacredit­ado por denuncias de corrupción, ni porque no motive a los ciudadanos acudir a votar la posibilida­d de elegir directamen­te a sus regidores, pues convirtier­on en una razón más de desmotivac­ión el ejercicio de un derecho, debido a que muchos entienden que es inútil votar por quienes no conocen, y poco o nada proponen.

Olvidaron que nuestra población es cada vez más joven, y que por desconocim­iento de la historia y otras causas los más jóvenes le conceden menos valor al voto, y que su atención no se capta simplement­e con promesas o carteles que generan a veces más repudios por la contaminac­ión visual, y la vaciedad de sus discursos, y piden más que eso.

Son muchas las cosas que debemos cambiar antes de pensar en otra reforma constituci­onal, sobre todo en nuestra forma de hacer política, como reducir la cantidad de partidos la mayoría de los cuales poco tienen de emergentes y mucho de oportunist­as, y solo sirven de satélites a los mayoritari­os para exhibir grandes alianzas a un costo exorbitant­e por los cargos y privilegio­s que hay que repartirle­s, más la tajada que les toca de la contribuci­ón económica del Estado y que pagamos los contribuye­ntes, y que con tal de preservarl­a buscan permanecer vivos aliándose, y la cual de nada ha servido para mejorar la calidad de la democracia. Empecemos por discutir estos aspectos especialme­nte ahora que luce que una reforma tributaria será inminente, la cual para ser fiscal debe abarcar el gasto público, iniciando con el financiami­ento a los partidos.

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