Reforma Agraria en Puerto Rico: el Estado al control de la tierra

Uno de los problemas económicos que recibió la atención de todos los sectores del país a inicios del siglo XX fue el debate por la posesión de la tierra. La tierra estaba en manos de corporaciones extranjeras y de terratenientes locales, que operaban y dominaban la industria del azúcar. Teniendo ese fenómeno como problema central el gobierno orientó su política estatal a mediados de siglo hacia un proceso de industrialización para contrarrestar la precaria situación que enfrentaba gran parte de la población que subsistía de la agricultura. Uno de sus objetivos fue intervenir y controlar la industria del azúcar, ya que entendían que el monocultivo era una de las razones principales con relación a los malestares que sufrían los puertorriqueños. Con esa visión se transformó el cañaveral y los espacios agrícolas que con el tiempo se convirtieron en ciudades, carreteras, centros comerciales, entre otros proyectos fueron necesarios para hacer la justicia social.

Con el ascenso y la hegemonía del Partido Popular Democrático (partido orientado a mantener una relación económica y política con los Estados Unidos) a partir de 1940 y su interés por desarrollar su proyecto de modernidad y de socializar la tierra entre campesinado y agregados los llevó a implementar la Reforma Agraria por medio de la Ley de Tierras del 12 de abril de 1941. El objetivo de La Ley de Tierras era hacer valer la Ley de los 500 acres, ignorada desde el momento en que se firmó en 1900 por la oligarquía y los sectores latifundistas, y a su vez, autorizó al gobierno a expropiar a toda persona o compañía el excedente a las 485.6 acres de terreno.

Con la Ley en vigor y desde ese momento el gobierno por medio de la Autoridad de Tierras, agencia adscrita al Departamento de Agricultura, se convirtió en el máximo poseedor de la tierra. Gran parte de la tierra expropiada se destinó a proyectos sociales implementado tres programas principales. El primero el Titulo IV, mejor conocido como las fincas de beneficio proporcional. El objetivo era que los agricultores obtuvieran tierras en arrendamiento de parte de la Autoridad de Tierras para cultivarlos. (Es decir, de las tierras expropiadas a latifundistas) Bajo este sistema de tenencia de tierras, se conservaban las ventajas de la explotación agrícola en gran escala, pero asegurando al mismo tiempo que los ingresos obtenidos se distribuían de forma equitativa entre los trabajadores de la caña. ¿Cómo fue el proceso? Se identificaba la finca, y los trabajadores se convocaban, bajo la dirección de un administrador, quien actuó como representante de los trabajadores, todos los cuales, incluyendo el administrador, recibieron las ganancias netas de las fincas en forma de beneficio que se distribuían anualmente en proporción a los jornales o sueldos devengados durante los años de cosecha. El tamaño de las fincas varió según los barrios o comunidades rurales, pero mayormente fluctuaba su extensión entre 25 a 50 acres. Sin duda este programa fue atractivo para muchos de los trabajadores agrícolas, y en teoría cumplía con la socialización de la tierra entre el campesinado y agregados.

El segundo programa, el Título V conocido como el de reinstalación de agregados, tuvo el propósito primordial de distribuir pequeñas porciones de terrenos a jefes de familias agregadas con el fin de erradicar la condición de agregado, y al mismo tiempo, mitigar los problemas que provocaba la carencia de viviendas adecuadas en la zona rural. Según la Ley “la Autoridad de Tierras cedería gratuitamente a los agregados que lo solicitarán un predio de una capacidad de un cuadro de tierra (1000 metros cuadrados), en barrios rurales, pero los agregados podrían adquirir hasta una cuerda, pagando la diferencia, de acuerdo con plazos y condiciones que fijaría la Autoridad”. Ahora bien, ¿cómo fue el proceso para la repartición de parcelas? Cada agregado sacaba de un sombrero un número, que correspondía al número de una parcela de terreno de un acre. Entre 1943 y 1949, se establecieron 157 comunidades rurales bajo la responsabilidad de la Autoridad de Tierras, localizadas por todo Puerto Rico.

El último programa fue el Titulo VI, conocido como el de fincas familiares. Su objetivo fue proveer a los agricultores de pequeñas unidades agrícolas donde pudieran vivir explotandola económicamente para el beneficio familiar. Este programa permitió la existencia de pequeños agricultores, pues les dio la posibilidad de adquirir a bajo costo, con intereses bajos y a cuarenta años de plazo, fincas que fluctuaban entre 5 a 25 acres de terrenos.

Sin embargo, hay otra percepción que debemos considerar en relación a los motivos del establecimiento de la Ley de Tierras de 1941. En el momento en que se aprueba la Reforma Agraria el mundo experimentaba el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. EEUU ante la pérdida de Pearl Harbor en el Océano Pacífico necesita continuar con sus prácticas militares en lugares con similitudes geográficas como era la isla de Hawái. Por otro lado, la amenaza de la presencia alemana en el Caribe era inminente y necesitaban con urgencia fortalecer su presencia militar, principalmente en Puerto Rico. Sin duda la guerra influyó en la política pública insular ya que a través de las nuevas leyes permitió la expropiación de grandes extensiones de tierras y de lugares privilegiados, como eran las costas del país. Es por eso que no debe sorprender cómo en esta misma coyuntura observamos el establecimiento de bases militares estadounidenses. Tierras dedicas al cultivo de la caña en municipios costeros como Aguadilla, Ceiba y las islas municipios de Culebra y Vieques fueron impactadas por la Reforma Agraria. Lo interesante, pero por otro parte contradictorio, y es que en estos lugares se expropió a latifundistas no con el objetivo principal de la Ley de Tierras que era la distribución de tierras para los agregados y agricultores; si no para permitir las prácticas o maniobras bélicas estadounidenses, como fue el caso de Vieques donde la Marina se apropió de dos terceras parte de la isla

Sin duda, esta consecuencia de la Reforma Agraria provocó desafíos cómo la contaminación ambiental, el acaparamiento de tierras en manos del ejército de Estados Unidos y el desplazamiento económico y social de los viequenses y de otros lugares del país.