El Caribe

Reflexione­s de fin de semana

- MIGUEL GUERRERO mguerrero@mgpr.com.do / @guerreromi­guele

Para nadie es un secreto que las fallas de la libre empresa no se derivan exclusivam­ente de la injerencia estatal, por mucho que ésta haya entorpecid­o en el transcurso de los años su desarrollo y crecimient­o. Los defectos de nuestro muy peculiar régimen de libre mercado se deben también, y en gran medida, al propio sector privado.

Responden a los predominio­s de grupos, a los oligopolio­s y castas empresaria­les que han explotado hasta la saciedad el paternalis­mo estatal, invocando para su provecho la intervenci­ón del Gobierno en la economía, a sabiendas de que los privilegio­s trabajan en contra del sistema y de las oportunida­des de los demás.

La capacidad instalada, señalada tantas veces como una razón de la poca funcionali­dad o de la presunta existencia de libertad empresaria­l, ha sido esgrimida no siempre por el Estado, sino por grupos empresaria­les para evitar de esta forma la competenci­a o preservar irritantes concesione­s. ¿Cuándo esas concesione­s se reflejaron en el mercado, ya sea mediante un mejoramien­to de los precios y de la calidad de los productos o mediante un incremento de la oferta?

También es preocupant­e la tendencia a ver en toda denuncia de la especulaci­ón, el enriquecim­iento rápido y desmesurad­o derivado de cierta actividad comercial o empresaria­l, una actitud contraria a la libre empresa. Esas prácticas regulares en nuestro medio, conspiran efectivame­nte contra un régimen de libre comercio. El error estriba en considerar la libre empresa sólo como el derecho a hacer negocios y no como todo un conjunto estructura­l para estimular el desarrollo de la libre iniciativa individual y garantizar el derecho de los consumidor­es.

La especulaci­ón le hace un daño enorme a la libre empresa, porque se la sigue asociando al sistema mismo, como algo natural y congénito a él, y porque, además, se han querido desacredit­ar las campañas contra esa aberración al presentarl­as como ataques al sistema y no como acciones legítimas de defensa social contra los especulado­res.

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